Acceso a la información pública

El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los organismos públicos.

¿Qué es la información pública? Es todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los organismos públicos generen, obtengan, transformen o custodien, con independencia de su forma, origen, fecha de creación o carácter oficial.

En esta sección ponemos a disposición de la ciudadanía la información que requiere la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública. No obstante, otros datos e información públicos en poder de la Defensoría pueden ser solicitados a través de este formulario, por correo postal a la sede del organismo: Dr. Adolfo Alsina N° 1470 (C1088AAL), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. También, presentando una solicitud de manera personal de 10 a 17 hs en la Defensoría del Público. En este link, el paso a paso para saber cómo se solicita la información pública.

Indice

1- Estructura orgánica y funciones de las distintas áreas de la Defensoría del Público.

2- Autoridades y personal de planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación. Consultores, pasantes y personal contratado. Funciones y escalafón.

3- Escalas salariales.

4- Presupuesto.

5- Transferencias de fondos y beneficiarios.

6- Compras y Contrataciones.

7- Resoluciones, disposiciones, convenios y sus antecedentes (versiones taquigráficas, dictámenes jurídicos y técnicos).

8- Informes de auditoría externa e interna.

9- Trámites y procedimientos ante el Organismo: Actuaciones, consultas, expedientes. Servicios al Público (formularios y protocolos de relaciones con las audiencias).

10- Presentación de solicitudes de información pública y procedimiento de reclamo ante la denegatoria.

11- Guía sobre sistemas de mantenimiento de documentos según tipo y forma, categorías de información que se publica.

12- Declaraciones juradas de los obligados según Ley N° 25.188.

Las únicas excepciones a este principio general son las enumeradas en el artículo 8 de la Ley.