La Defensoría del Público organizó una charla que moderó Miriam Lewin y contó con la participación del diputado Carlos Varela, del Frente Amplio de Uruguay; Julieta Núñez y Federico Barreto, de la Coordinación Comunicación Democrática de Uruguay; y el Profesor e Investigador Martín Becerra.

El proyecto de ley de medios propuesto por el gobierno de Uruguay, que pretende reemplazar a la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2014, más su impacto local y las implicancias regionales, fue el eje de un encuentro virtual organizado por la Defensoría del Público en el que tuvo a Miriam Lewin como moderadora. Quienes expusieron fueron el diputado Carlos Varela, del Frente Amplio de Uruguay; Julieta Núñez y Federico Barreto, de la Coordinación Comunicación Democrática de Uruguay; y Martín Becerra, Profesor e Investigador del Conicet, Universidad Nacional de Quilmes y Universidad de Buenos Aires, de Argentina.

“La comunicación no es una mercancía, es un derecho. Y, al conocer lo que está pasando en Uruguay, nos preocupó poder interiorizarnos qué características tiene este proyecto de ley. Sobre todo, algunos aspectos que no irían en el sentido de los derechos de las audiencias, ni de la pluralidad”, abrió la charla la Defensora del Público.

El primero en hablar fue Varela, quien amplió los cambios propuestos: “Elimina conceptos como el de grupo económico. Facilita la concentración y permite la incursión de empresas extranjeras. Es un proyecto, sin dudas, regresivo, antidemocrático. Lo vemos con preocupación, como si fuera un plan de negocios”.

Barreto, luego de una consulta de Lewin sobre qué sucedería con el artículo sobre la creación de la Defensoría del Público en este proyecto, comentó: “La figura de la Defensoría del Público que estaba presente en la ley vigente, ahora desaparece. Por eso tiene un gran impacto a nivel regional”. Desde el mismo espacio comunicacional, Núñez se explayó: “Es regresiva en materia de derechos de las audiencias y se redactó a puertas cerradas, entre cuatro paredes, sin participación. Es como si los empresarios de medios la hubieran entregado en una cajita. Este proyecto no prevé los mecanismos de participación ni transparencia que propone la ley vigente”.

El investigador Becerra trazó diferencias y similitudes entre países y modelos de leyes comunicacionales. “El Poder Ejecutivo uruguayo envió un proyecto al Parlamento para modificar la Ley de 2014. En el caso argentino, fue por decreto. Los cambios que se proponen en Uruguay se parecen a los de las reformas en Argentina: relajar los controles a la concentración”.

En el final, Becerra expuso sobre el escenario convergente: “La evolución y la innovación tecnológica vertiginosa en tecnologías de información y comunicación, obviamente, está desfasada de los tiempos parlamentarios de discusión y sanción de leyes. Por lo tanto, se deben crear marcos generales que sean lo suficientemente flexibles para incorporar cambios tecnológicos”.

A continuación se puede ver la charla.