La apropiación por parte de las personas LGBTTTIQ+ de la Defensoría como organismo de protección de sus derechos como audiencias es una consecuencia directa del rol activo asumido durante estos 10 años. En 2022 ingresaron muchos reclamos en esta línea.

A 10 años de la sanción de la  Ley 26.743 de Identidad de género y de la creación de la Defensoría del Público, las audiencias pusieron el foco de los mensajes considerados discriminatorios, estigmatizantes y vulneratorios de derechos por motivos de identidad de género y/o orientación sexual, difundidos a través de los medios de comunicación audiovisual.

A modo de ejemplo, a principios de 2022 se denunció a un medio de comunicación por la emisión de mensajes  discriminatorios por un periodistas en relación al ataque violento a un bar LGBTTTIQ+. A mediados de año, otro pico de reclamos, más de 750, estuvo vinculado con los derechos de las personas trans y travestis, y la difusión de mensajes estigmatizantes. Otro hito estuvo vinculado a mensajes discriminatorios hacia personas de identidad no binaria; en este caso se recibieron más de 1600 reclamos.

En este marco, la Defensora emitió la Resolución 51/2022 y le recomendó a un medio de comunicación realizar abordajes periodísticos respetuosos de los derechos de las personas LGBTTTIQ+ consagrados en el marco jurídico vigente, así como el estricto respeto de la obligación de trato digno conforme a la identidad autopercibida de las personas, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) y de la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743). También se le recomendó al medio desempeñar un rol positivo tendiente a desarticular los estereotipos negativos y estigmatizantes hacia las personas LGBTTTIQ+, teniendo en cuenta el interés público, el alcance masivo y la responsabilidad social que reviste su actividad.

La apropiación por parte de las personas LGBTTTIQ+ de la Defensoría del Público como organismo de protección de sus derechos en tanto audiencias, es una consecuencia directa del rol activo asumido durante estos 10 años en la formulación y aplicación de políticas públicas encaminadas a modificar prácticas comunicacionales que reproducen, naturalizan o legitiman tratos lesivos y/o discriminatorios, a fin de asegurar abordajes mediáticos respetuosos.