El informe anual 2023 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión mencionó a la Defensoría del Público en más de diez oportunidades al referirse al estado de situación de la libertad de expresión en la Argentina.

En su informe anual 2023, la Relatoría para la Libertad de Expresión citó en más de diez oportunidades el trabajo realizado por la Defensoría del Público al referirse a temas de igualdad y no discriminación, violencia de género, discursos de odio en los medios de comunicación, coberturas informativas de protestas sociales y libertad de expresión en internet.

La relatoría recibió, leyó y tomó como ejemplo todos los informes que la Defensoría del Público le envió durante 2023. De eso envío se detalló el trabajo llevado a cabo por el organismo y, por ejemplo, citó: “Distintas agresiones, intimidaciones y otros hechos de violencia contra periodistas que cubrían las manifestaciones públicas del 17 y 20 de junio de 2023, en la provincia de Jujuy”. También citó: “Integrantes de la Asociación Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy denunciaron intimidaciones y persecuciones por parte de las fuerzas de seguridad durante los operativos de represión policial y los días posteriores”. Estas palabras surgieron de una nota de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Libertad de expresión, Estado de derecho e institucionalidad democrática

La Relatoría también consignó en su informe que “ha recibido reportes sobre la circulación de discursos considerados de odio, tanto en el entorno físico como digital. Al respecto, la Asociación Civil de Comunicadores de Argentina informó sobre una serie de discursos calificados como de odio hacia la vicepresidenta de la Nación y su hija. De acuerdo con la información presentada por la organización, la Defensoría del Público recibió 309 reclamos de las audiencias vinculados con estos mensajes”.

Sobre discursos de odio la Relatoría, destacó: “La proliferación de discursos con fuerte contenido de odio, que circulan por redes sociales y medios masivos de comunicación, promoviendo climas de intolerancia, discriminación y violencia”. En respuesta a ello, la Defensoría del Público, en articulación con distintos organismos de la sociedad civil, ministerios, universidades, periodistas y organismos públicos, impulsó encuentros, debates y documentos con el fin de “fortalecer la democracia comunicacional”.

Libertad de expresión y lucha contra la discriminación y la exclusión

Sobre la lucha contra la discriminación, la Relatoría subrayó que “la periodista Luciana Peker denunció haber sido víctima de amenazas y hostigamiento a partir de su acompañamiento a la actriz Thelma Fardin en el proceso de denuncia por abuso sexual seguido contra el actor Juan Darthes. Peker señaló que tiene temor y que ya no puede seguir escribiendo “cuando cada letra tiene la contracara de la amenaza”.

También remarcó que “la violencia contra mujeres, lesbianas, travestis y trans en redes sociales está dirigida a excluir la participación, limitar la libertad de expresión y en muchas ocasiones efectivamente lesiona la permanencia en estos ámbitos”

“Finalmente, el Estado argentino, a través de la Defensoría del Público, advirtió que la violencia mediática hacia las mujeres constituye una temática presente en numerosos reclamos de las audiencias que acuden a dicho organismo. Según la información reportada, la Defensoría profundizó su trabajo en la temática de no discriminación por género u orientación sexual en los medios audiovisuales, la importancia de respetar la identidad y expresión de género de las personas y de evitar recaer en abordajes que resulten estigmatizantes.”

Libertad de expresión e internet

Sobre la libertad de expresión, destacó que “esta Oficina tomó nota del reporte enviado por el Estado sobre los desafíos del entorno digital y la necesidad de ampliar las competencias estatales en esta materia. En este sentido, a través de la Defensoría del Público, el Estado subrayó que “dado el rol fundamental, la responsabilidad social y la actividad de interés público que realizan actores del ámbito digital, se deben adoptar medidas legislativas e institucionales que equilibren la relación desigual existente entre las plataformas sociales y sus usuarios/as. Por ello, no basta la autorregulación, son necesarias regulaciones legales que fijen principios, estándares y criterios sobre la responsabilidad de las plataformas.”

Para finalizar, la Relatoría puntualizó el trabajo realizado sobre las plataformas digitales y citó al la Defesnoría . “En especial al tener en cuenta que realizan una actividad que posibilita el ejercicio de múltiples derechos de sus usuarios/as, como la libertad de expresión, el acceso a la información, la difusión y participación cultural y la protesta social, entre otros”.

Con estas menciones, el trabajo realizado por la Defensoría del Público adquiere importancia internacional en su tarea permanente por proteger el derecho a la comunicación.