La Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, viajó a Córdoba y le entregó al gobierno de De la Sota una serie de análisis sobre las antenas TDA. Recorrió varias ciudades y recibió muchas denuncias por la interrupción del servicio de televisión digital.

El grupo encabezado por la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, estuvo presente en esa provincia los días 13 y 14 de febrero, al mismo tiempo en que la justicia cordobesa ordenó dejar sin efecto durante tres meses la interrupción del servicio del sistema de Televisión Digital Abierta (TDA) dispuesto por José Manuel De la Sota. Ottaviano recorrió varias ciudades afectadas por la medida de censura, recogió decenas de denuncias de vecinos, entidades de la sociedad civil y productores privados damnificados, recibió más de mil firmas de vecinos y vecinas pidiendo su intervención e intentó entrevistarse con el gobernador que negó la posibilidad de recibirla.

El viaje respondió a dos objetivos básicos de la Defensoría: mantener contacto directo con los afectados, quienes entregaron diversos reclamos y remitir a las autoridades una serie de estudios técnicos que desmienten la versión oficial local acerca de efectos supuestamente contaminantes de las antenas. La Defensoría solicitó esos relevamientos a distintos organismos nacionales y provinciales, y todos coinciden en un punto: no existe en todo el territorio nacional denuncias por perjuicio a la salud o al ambiente originado en la TDA.

Con respecto a la medida dispuesta el mismo día 13 por los tribunales federales cordobeses, Ottaviano manifestó que “el fallo sostiene lo mismo que ya había dicho oportunamente la Defensoría: las emisiones no perjudican al ambiente, ni traen riesgos a la salud de la población que hubieran justificado la interrupción abrupta del sistema, como provocó el gobierno de la provincia, lesionando el derecho a la comunicación.

Compartimos la alegría que hoy tiene el pueblo cordobés. Este es un triunfo de la democracia frente a la prepotencia de los gobiernos que no cumplen con la ley y frente a las corporaciones, que siempre se resisten al acceso igualitario a la información y a la multiplicidad de voces. No podía ser que en el altar de las vanidades políticas se sacrificara el derecho de todos a una comunicación horizontal y democrática. De la Sota vulneró el derecho de los cordobeses a informar y ser informados -agregó-, y mi obligación, desde el papel que cumplo en estos momentos, es hacer respetar la ley”.

Durante la mañana del miércoles 13, Ottaviano se presento en la Universidad Nacional de Villa María y luego en el Concejo Deliberante de Villa María, donde se entrevistó con legisladores del oficialismo y la oposición y detalló el trabajo realizado por su área durante el conflicto. Sobre todo la acción sumaria que presentó en la Gobernación la jornada siguiente, con los informes enviados por la Comisión Nacional de Comunicaciones, la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Nación y la Universidad Tecnológica Nacional, junto con reclamos de damnificados por una medida prohibitiva que, según estimaciones oficiales, dejó sin la señal de TDA a 500 mil personas.

Sobre el mediodía, la delegación de la Defensoría estuvo en Leones con la intendenta Lorena Bussi, y también allí recogió denuncias de la comunidad. La jornada finalizó a la noche en Río Cuarto. Ottaviano fue recibida por el rector de la Universidad Nacional, Marcelo Ruiz, y también formó parte de una charla abierta con las autoridades, docentes y estudiantes.

La presencia de la Defensoría estaba programada mucho antes de que se conociera el fallo que dio la razón a la comunidad afectada, e instó a De la Sota a recomponer el servicio gratuito de televisación. “Pedimos una audiencia con el gobernador el 1ro. de febrero -explicó la defensora-, pero como la negó, fuimos directamente para escuchar a la gente”.

La solicitud de encuentro fue requerida con carácter de urgencia. Sin embargo, ante la negativa del gobernador, su secretario privado, Rodolfo Iparraguirre, trasladó el pedido a Manuel Calvo, ministro de Agua, Ambiente y Energía, quien a su vez le pasó el requerimiento a Luis Bocco, secretario de Ambiente local. Ninguno recibió a la Defensoría el 14 de febrero, pero sí quedó constancia de la entrega de los mencionados estudios.

Más allá de miles de vecinas y vecinos perjudicados en Córdoba por la actitud de la Gobernación, Ottaviano tomó contacto directo con otro sector perjudicado por la decisión del gobernador: los cientos de productores televisivos privados e independientes que, al bajarse las antenas, quedaron sin trabajo ni posibilidad de comercializar sus contenidos. También ellos presentaron denuncias a la Defensoría, que están siendo tramitados en busca de una solución.