“Es clave que ustedes conozcan cuáles son esos derechos”, comenzó diciendo la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, a los 120 alumnos de 4to., 5to. y 6to. año del Colegio Inmaculada Concepción, de la localidad bonaerense de Burzaco.

Ottaviano se refiríó al nuevo paradigma establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y al derecho a dar y recibir información, ejes fundamentales que diferencian la norma de la anterior Ley de Radiodifusión de la dictadura militar.

Los chicos, junto a las principales autoridades del Inmaculada, cubrieron el salón del primer piso y escucharon una síntesis del trabajo de la Defensoría, que días antes había recibido una invitación del establecimiento para organizar una actividad referida a los medios, el negocio detrás de la noticia y la manera en que la ley cambió el panorama a partir de su promulgación.

“Ya no somos meros consumidores sino personas con capacidad de elección”, agregó Ottaviano, que hizo referencia al derecho a la intimidad violado por las radios y los canales en el “caso Angeles”, el trato discriminatorio hacia las mujeres, el uso de imágenes sin autorización, la violencia mediática y los mensajes estereotipados que permanentemente se escuchan o se ven.

El encuentro estuvo centrado en temas importantes como la censura y el rol de las corporaciones mediáticas que negocian y digitan información, a partir de la orientación en comunicación que tiene la currícula del Inmaculada para sus alumnos. Las preguntas más comunes apuntaron a la elaboración de la ley, los 73 proyectos que nunca habían podido avanzar desde 1983 hasta el 2005, los 21 puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática (hoy “Comunicación” Democrática”, en esa época, y la manera en que la norma fue aprobada por el Congreso nacional después de 24 foros, el aporte de 10.000 participantes que opinaron, las 1300 propuestas ingresadas y las 120 modificaciones que la ley adoptó hasta su aprobación definitiva.

“¿Peligra la aplicación de la ley?”, fue una de las preguntas de los alumnos. “La LSCA tiene 166 artículos -explicó Ottaviano-, de los cuales sólo tres, y un párrafo de un cuarto, son cuestionados por el grupo Clarín”, con referencia a la negativa del pool empresario a desprenderse de señales, e insistir que mantendrá al mismo tiempo canales de aire y televisión por cable, algo que la norma prohíbe expresamente.

“El resto está plenamente vigente -afirmó Ottaviano-, y en cuanto al cuestionamiento, será un tema que la Corte Suprema resolverá después de la feria judicial. Pero hay algo que es importante que sepan: todos los tratados internacionales vinculados a la comunicación rechazan los monopolios”.