El decreto 933/2013 dictado por el Poder Ejecutivo establece cuándo el doblaje al castellano deberá ser realizado por trabajadores y trabajadoras argentinos/as. Esta nueva norma no es incompatible con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En los últimos días hemos recibido una gran cantidad de consultas en las que el público manifiesta su preocupación porque “un decreto presidencial obligaría a doblar al castellano todos los programas que se emitan por televisión” y ello, según interpretan, “imposibilitaría el acceso a las personas con discapacidad auditiva, ya que se dejarían de subtitular dichos programas”.

La Defensoría del Público quiere llevar tranquilidad a todas aquellas personas que han expresado su preocupación, aclarando que la aplicación de este Decreto no suprime de ningún modo el subtitulado de los programas de televisión.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es muy clara al determinar que los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar subtitulado oculto, lengua de señas y audiodescripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales y adultos mayores; independientemente de si están doblados al castellano o no.

El decreto 933/2013 dictado recientemente por el Poder Ejecutivo de la Nación establece cuándo el doblaje al castellano deberá ser realizado por trabajadores y trabajadoras argentinos/as. Está claro que esta nueva norma no es incompatible con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sino que la complementa.