Denuncia ante la CIDH por la intención del gobierno de cerrar el organismo

miércoles 31 de enero de 2024

En su presentación, la Defensoría del Público detalla: “De prosperar esta propuesta legislativa implicará una vulneración del principio de no regresión en materia de derechos humanos y en especial una afectación a los derechos a la libertad de expresión de las audiencias”.

La Defensoría del Público manifestó ante la Comisión internacional de DDHH (CIDH) y la Relatoría sobre Libertad de Expresión su preocupación ante la intención de disolver el organismo a través de la derogación de los artículos 19 y 20 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) incluida en el dictamen de mayoría de la Ley “Bases y puntos de partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como “Ley Ómnibus”.

En el escrito, la Defensoría afirmó que “de prosperar esta propuesta legislativa implicará una vulneración del principio de no regresión en materia de derechos humanos y en especial una afectación a los derechos a la libertad de expresión de las audiencias y los medios de comunicación comunitarios, alternativos e indígenas. Asimismo, significará una afectación negativa irreversible para la continuidad de las tareas del Organismo, en nuestro rol de institución defensora de derechos humanos”.

La Defensoría es un organismo de protección de derechos humanos vinculados con la comunicación en el marco de la radio y la televisión que trabaja por la defensa y protección de los derechos a la libertad de expresión, a la información, a la no discriminación, a la igualdad de géneros, al acceso para las personas con discapacidad, los derechos de la niñez y la adolescencia, entre tantos otros derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

El organismo fue creado en 2012 bajo la Ley 26.522, artículo 19 y tiene más de 10 años funcionando bajo gobiernos de diversos signos políticos. Orgánicamente depende de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización del Congreso de la Nación (Artículo 20). Su presupuesto proviene de los gravámenes que tributan los servicios de comunicación audiovisual (%5) –es de los más bajos de la jurisdicción y su dotación de las más bajas del Poder Legislativo: cuenta con 126 trabajadores y trabajadoras con un alto nivel de profesionalización.

Desde su fundación la labor de la Defensoría del Público fue destacada por organismos internacionales de protección de los derechos humanos. La propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en su informe anual de 2015, destacó “el enfoque no punitivo y su trabajo de promoción del derecho a la libertad de expresión”, la Organización de Estados Americanos (OEA) también reconoció su trabajo en 2016 así como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, entre otros.

Esta presentación amplía un reclamo hecho días atrás ante este mismo organismo por una serie de “medidas promovidas por el gobierno nacional que vulneran o ponen en serio peligro la libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad argentina” donde se solicita “la intervención de la CIDH su Relatoría para Argentina, y sus Relatorías para la Libertad de Expresión y de Defensores/s de Derechos Humanos para evitar que las medidas adoptadas y proyectadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, acceso a la información y protección de los derechos de personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad en el ámbito de la comunicación”.