La Defensoría estableció, con distintos organismos estatales y de la sociedad civil, un acuerdo conjunto para elaborar políticas cada vez más activas para que personas con discapacidades sensoriales y adultos mayores accedan a los medios audiovisuales.

El acuerdo suscripto por la Defensora, Cynthia Ottaviano, también lleva la firma de Osvaldo Nemirovsci, coordinador del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digitar Terrestre (SATVD-T); Mariano Tilli, subdirector de Asuntos Regulatorios de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA); Silvia Bersanelli, directora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS); Néstor Piccone, en representación de la Coalición por una Comunicación Democrática; Liliana Mazure, presidenta del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); y Daniel Wilberger y Enrique Masllorens, respectivamente presidente y secretario ejecutivo del Consejo Federal de la Televisión Pública CFTVP).

“Lo que nos viene a decir la Defensoría del Público es que hay nuevos sujetos de derecho en tanto audiencias -dijo Ottaviano-, y que las personas con discapacidad forman parte de esas audiencias, excluidas y discriminadas a diario. Necesitamos un Estado empático, que se ponga en el lugar del otro y comprenda esos problemas cotidianos en el acceso a la información que sufren determinados sectores”.

Después de agradecer a los presentes, Nemirovsci destacó la iniciativa como “un paso muy importante, por ser la primera vez que a nivel intergubernamental se lleva a cabo un acuerdo que nos compromete a trabajar por la accesibilidad y la inclusión”. El titular del SATVD-T llamó a poner énfasis “en lo planteado por el artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y en el desarrollo de políticas públicas  que este gobierno viene llevando a cabo desde hace muchos años”. Por otro lado, resaltó que a ese esfuerzo “se sumen organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición por una Comunicación Democrática”.

El acuerdo se denomina “Accesibilidad a los Servicios de Comunicación Audiovisual: un derecho de tod@s”. En su introducción, los organismos firmantes sostienen que “nos impulsa la necesidad de promover prácticas inclusivas” en esos servicios de todo el país, para “personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos”.

Ottaviano dio ejemplos de reclamos acercados a la Defensoría por personas sordas, cada vez que la entidad lleva a cabo Audiencias Públicas en diferentes provincias: “Cuando se acercan y nos transmiten algo tan elemental para ellos, como manifestarnos que no pueden escuchar el sonido de un programa de televisión, ahí se toma dimensión del problema. ´Imagínense a ustedes mismos -explican-, frente a una pantalla sin volumen. ¿Cómo se sentirían?´. Sólo de esa manera podemos llegar a comprender cómo una democracia no es real cuando se deja a algunas personas sin la posibilidad de acceder a la información”.

El trabajo conjunto ayudará a establecer políticas de acceso a los medios para ese sector, poniendo énfasis sobre todo en lo establecido en el mencionado Art. 66 de la LSCA, que impulsa la incorporación de medios de comunicación visual adicionales, como el subtitulado oculto, la lengua de señas y la audio descripción. Algunas de esas herramientas ya están siendo estimuladas por la Defensoría, que en la actualidad trabaja en la traducción a lengua de señas de los principales artículos de la Ley, material que será difundido y distribuido a nivel nacional.

“Para dimensionar lo que significa este convenio -afirmó Bersanelli-, tengamos en cuenta que si hablamos de personas con discapacidad, nos referimos a más del 20 por ciento de los hogares argentinos. La verdadera democracia informativa tiene que ver con la inclusión y la promoción de derechos”. Piccone agregó que “estamos acá porque la Ley está viva, y estas cosas lo demuestran”.