La Defensoría del Público alerta sobre la reiterada utilización de mecanismos municipales o locales administrativos que atentan contra el derecho humano a la comunicación y vulneran la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El organismo tomó intervención desde su creación en diversos casos en los que el público se vio afectado por decisiones de carácter administrativo dispuestas por gobiernos locales que determinaron la clausura de servicios de comunicación audiovisual:

1) El 17 de septiembre de 2015, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso a través de un trámite local administrativo la clausura de parte de la señal de noticias C5N de CABA. La medida dispuesta afectó indirectamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información del público. La Defensoría se presentó hoy ante el Jefe de Gobierno porteño y ante el Director de la Agencia Gubernamental de Control para advertir sobre la vulneración de derechos y requerir explicaciones sobre los motivos y fundamentos de las medidas tomadas respecto de la señal C5N; la gravedad de los incumplimientos administrativos esgrimidos por el GCBA para disponer dicha medida y las causas que llevaron a levantar intempestivamente la clausura.

2) El 29 de julio de 2015, el Municipio de Pilar, Provincia de Córdoba, dispuso la clausura de las radios locales FM TOP 100.9 y T-GUA ROCK 88.5. La Defensoría del Público recibió denuncias de las audiencias afectadas y actuó inmediatamente para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información. El organismo se presentó ante la justicia federal de Villa María para solicitar la salvaguarda del derecho de las audiencias. Y, ante el Municipio de Pilar, para instar a que se abstenga de invadir competencias federales y vulnerar derechos constitucionales. La justicia dictó una medida cautelar a favor de la radio afectada (7/8/2015). (Expediente DP A230/2015)

3) En el mes de junio de 2015, la Defensoría recibió denuncias del público por la clausura dispuesta por la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la AM 740 Radio Rebelde. La intervención tendió a determinar las competencias a nivel administrativo y el conflicto quedó resuelto a través del dictado de una medida cautelar a favor de la emisora (Expediente DP C.625/2015).

4) En febrero de 2013 el gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso la clausura de las Antenas de la Televisión Digital Abierta (TDA) de las ciudades Cerro de los Mogotes, Leones, Villa Dolores, Villa María y Río Cuarto. La decisión se fundó en posibles daños y afectó a un número estimado de 400.000 personas.

Las denuncias del público motivaron la intervención de la Defensoría, que junto con otros organismos federales lograron que se revirtiera la medida y que la Provincia reconociera los derechos y permitiera la continuidad del uso de las antenas (Resolución DP Nº107/2014). En el caso de Río Cuarto se logró revertir la situación por la vía judicial.

Las acciones de la Defensoría del Público frente a estos hechos que afectan la libertad de expresión y avasallan competencias del Estado Federal fue puesta en conocimiento del Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual para que intervenga en el marco de sus competencias. Y, ante la reiteración de estos mecanismos, recomienda a los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pleno cumplimiento de la LSCA, en especial atención al artículo 163 que dispone que “Las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades no podrán imponer condiciones de funcionamiento y gravámenes especiales que dificulten la prestación de los servicios reglados por la presente ley, sin perjuicio de sus propias competencias”.