El juez Martínez de Giorgi hizo lugar a la presentación de la Defensora de Público, Cynthia Ottaviano, que solicitó la no criminalización y despenalización de la causa al considerar que la comunicación comunitaria no es un delito sino un derecho humano.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los responsables legales de la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda dado que el hecho investigado “no encuadra en una figura penal” y dejó sin aplicación toda medida tomada hasta el momento.

En la resolución el juez consideró y citó: “La Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual concluyó que en el caso concreto de Antena Negra TV desalienta el uso de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la LSCA (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”.

Por otra parte, el magistrado insta a la resolución por vía administrativa a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y los organismos relacionados a la comunicación audiovisual: “No corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la cuestión vinculada al derecho que en definitiva le asiste o no a la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ltda. y/o a la empresa General Industries Argentina S.A. de utilizar esa porción de espectro, ya que ello corresponde ser planteado en la órbita administrativa pertinente”.

El fallo concluye de esta manera: “En virtud de todo lo expuesto, resulta de entera aplicación la pacífica jurisprudencia antes reseñada, pues entiendo que aquellas cuestiones vinculadas al derecho a la utilización del espectro radioeléctrico por parte de la Cooperativa de Trabajo Antena Negra TV Ldta. y/o de la empresa General Industries Argentina S.A., corresponden ser tratadas por el órgano al que la Constitución Nacional le confirió facultades para dirimir acerca de esta clase de controversias. De otra manera, significaría desconocer el texto constitucional al subordinar la atribución conferida a otros poderes, al Poder Judicial”.

El pedido de participación como Amici Curiae se fundamentó en que la Defensoría del Púbico propicia la no criminalización de la comunicación y la creación de espacios de diálogo que favorezcan la solución de los conflictos, en el ejercicio del derecho a la comunicación, a través de mecanismos legales. En el caso concreto de Antena Negra TV, el escrito presentado hace hincapié en la no utilización de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la LSCA, “ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”.

En otro de los considerandos, la Defensoría del Público alentó “la inmediata descriminalización de la comunicación, ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo (…) La comunicación comunitaria es la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación”. En el mismo sentido, bregó para que se evite “toda medida persecutoria de aquello que debe promover y proteger para mejorar la vida en democracia.

El viernes 4 de septiembre, a las 12.11, ingresó a la Defensoría del Público la denuncia por parte de un integrante de Antena Negra TV. Una hora más tarde, a las 13.13, el director de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público, Ernesto Lamas, se apersonó en la sede del canal, Ángel Gallardo 752, y a partir de entonces la Defensoría se puso a disposición de los damnificados con el objetivo de garantizar el legítimo derecho a la comunicación.