El organismo rechaza la violencia que sufrieron trabajadoras y trabajadores de la comunicación que se encuentran en Bolivia para la cobertura del golpe de Estado.

Ante los hechos de público conocimiento, la Defensoría del Público repudia los actos de violencia que padecieron periodistas de distintos medios y se solidariza con la tarea que llevan a cabo en la cobertura del golpe de Estado perpetrado en Bolivia.

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos destaca: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

En ese marco, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece: “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural”. La afectación de la libertad de prensa debilita al sistema democrático.

Cualquier tipo de acción llevada a cabo, como agredir, impedir o interferir la tarea de la prensa debe ser repudiada: la Defensoría del Público demanda que se garantice la seguridad de las comunicadoras y los comunicadores de medios de Argentina presentes en el territorio boliviano.