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Jornada internacional sobre discursos de odio y libertad de expresión

miércoles 15 de noviembre de 2023

La Defensoría del Público brindó una conferencia magistral a estudiantes y académicos del Colegio de Comunicación de la Universidad del Claustro de Sor Juana (México). La exposición se realizó en el marco de las “Jornadas de las audiencias” y abordó desde una perspectiva legal e histórica los discursos de odio y sus consecuencias para las democracias.

La Defensora de las Audiencias del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y profesora de la universidad, Laura Martínez Águila, presentó la conferencia del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Defensoría, Horacio Lutzky quien propuso reflexionar sobre si deben existir límites a la libertad de expresión, en particular cuando se producen discursos de odio.

Lutzky explicó que “las normas internacionales establecen  que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto e instan a poner un límite a los discursos de odio cuando incitan a la violencia”. Como fundamento citó la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 13) y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU (art. 20). Este último indica que “estará prohibida por la ley” la “propaganda a favor de la guerra” y “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia”.

También, detalló ante el alumnado el Plan de Acción de Rabat, aprobado en 2012 en el marco de la ONU y que establece seis parámetros que permiten evaluar si una expresión constituye discurso de odio y debe ser penalizada. “La prueba, explicó, implica considerar el contexto social y político, la categoría del hablante, la intención de incitar a la audiencia contra un grupo determinado, el contenido y la forma del discurso, la extensión de su difusión y la probabilidad de causar daño”. Además, destacó que en tal Plan se menciona que para “prevenir la incitación al odio” debe existir una  “responsabilidad colectiva” del “Estado, los líderes religiosos y comunitarios, los medios de comunicación  y la sociedad civil”.

Luego de aclarar el marco legal, Lutzky hizo un abordaje histórico del tema analizando cómo “el discurso de odio tuvo su máxima expresión durante el nazismo”. Mostró tapas de diarios alemanes de esa época donde se observa cómo de “manera sistemática se adjudicaban todos los males que estaba sufriendo ese país a una minoría que era estigmatizada”. La difusión, precisó, “iba preparando la conciencia pública para los pasos posteriores” como “los campos de concentración” y luego “la fase final del exterminio”.

En cuanto a hechos actuales ocurrido en Argentina, el subdirector mencionó que “el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, no sucedió en el vacío sino que fue precedido por meses intensos de agitación en medios de comunicación y redes sociales, que claramente se podría encuadrar en un discurso de odio”. Fundamentó esta afirmación con párrafos del dictamen del fiscal Gerardo Pollicita en el caso “Revolución Federal” donde se señala que “entre los mensajes intimidatorios difundidos por redes se encontraron algunos que alentaron a la persecución, al odio y a la violencia e infundieron temor”.

En las conclusiones de la conferencia Lutzky remarcó que “los discursos de odio perjudican la calidad del sistema democrático” y que “quienes sufren este tipo de ataques sufren miedo, retraimiento y finalmente el silenciamiento”.

Frente a este panorama, tanto Martínez Águila como Lutzky destacaron el rol que tiene las defensorías en América Latina, dado que pueden contribuir a la reflexión sobre los discursos estigmatizantes y promover capacitaciones sobre el tema tanto dirigidas a comunicadores como a las audiencias.

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