El organismo confía en que la aplicación será la base para que las audiencias cuenten con información que les permita conocer los problemas socioambientales.

En su función de representar al público en el campo de la comunicación y en la ampliación de sus derechos, la Defensoría acompañará la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, que en el ámbito no formal alcanza también a los medios de comunicación.

Desde el organismo se valora que esta herramienta esté dirigida a personas de todas las edades y no se circunscriba sólo a la niñez. Las personas adultas también deben tomar conciencia y responsabilizarse por el modo de producción y consumo que está devastando al planeta mientras limita a las futuras generaciones.

La ley define como Educación Ambiental Integral (EAI) al “proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso”.

En este marco, es para destacar la participación de las organizaciones de la sociedad civil que plantea la ley en el desarrollo de la política. Por eso, el organismo confía en que la aplicación de la Ley de Educación Ambiental Integral será la base para que las audiencias cuenten con información que les permita conocer los problemas socioambientales, el uso sostenible de los bienes y los servicios, la prevención de la contaminación y la gestión integral de residuos.

La Defensoría, además de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público sobre temas socioambientales, se encuentra trabajando en recomendaciones, estrategias y herramientas para comunicar sobre la crisis climática.

Por último, el organismo espera que haya una sinergia entre la Ley de Educación Ambiental Integral y la recientemente sancionada Ley Yolanda, de capacitación ambiental para todo el sector público.