La senadora Laura Montero solicitó la intervención de este organismo al interpretar que, en el futuro, programas de radios mendocinas serían reemplazados por producciones hechas en Buenos Aires. Ottaviano descartó pronunciarse sobre hechos no ocurridos.

El pasado 13 de diciembre, la Defensoría del Público recibió un pedido de la senadora nacional mendocina Laura Gisela Montero, para que el organismo actúe de oficio ante una posible sustitución de programas que se emiten en radios públicas de Mendoza por “contenidos enlatados, producidos y realizados en la Capital Federal”.

Montero denunció que los programas de las emisoras LV 19 Radio Malargüe, LV 4 Radio San Rafael y LV 8 Radio Libertador, que se encuentran en la órbita de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA SE) serían levantados y sustituidos “por una producción en cadena dirigida por el periodista de definido corte oficialista Luciano Galende desde Radio Nacional Buenos Aires”.

En la Resolución Nro. 3 del corriente año, la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, sostuvo que “en el terreno de las expresión de ideas y la difusión de información, una intervención previo a que ocurran los hechos que son objeto de una denuncia implicaría un acto de censura en el que nunca incurriría este organismo”, ya que “de los términos de la denuncia no surge cuáles son los hechos que causan en la actualidad un perjuicio a las mencionadas emisoras”.

Ottaviano agregó que “esta Defensoría no tiene la misión de valorar, controlar, y en su caso, vetar la programación de los servicios de comunicación audiovisual en razón de su línea editorial o de la supuesta adscripción política de los profesionales que estén a cargo de las emisiones. Un control de este tipo es, además de ilegal, contrario al sentido y misión que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual confiere a esta Defensoría del Público”.

En la misma resolución, la funcionaria estimó imprescindible recordar que “en el artículo 3 inciso a, la propia Ley sostiene que uno de sus objetivos es ´la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del respeto del estado de derecho democrático y los derechos humanos´. Se le ha hecho mucho daño a la Argentina y a los argentinos cuando se los persiguió por sus ideas, opiniones y expresiones. Es necesario, desde el punto de vista de esta Defensora, tener siempre presente la historia de un país en el que el terrorismo de Estado produjo un genocidio para suprimir al otro por su forma de pensar, haciéndolo en nombre de la ´libertad´ y diciéndose ´derecho y humano´”.

“Casi un millón de exiliados y 30 mil desaparecidos -finalizó Ottaviano- merecen que nuestros actos, ahora y siempre, sean abordados desde esa perspectiva histórica, que contemple la construcción de la memoria colectiva, con verdad y justicia”.