La Corte Suprema de Justicia aceptó el requerimiento hecho por la Defensora Cynthia Ottaviano para formar parte de la Audiencia Pública que trató aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para “hacer llegar la palabra del público”.

El máximo tribunal avaló la participación de la Defensoría en la Audiencia, luego de que la entidad encabezada por Ottaviano presentara el pasado 20 de agosto un escrito solicitando ser aceptada como “Amiga del Tribunal”, y de esa manera intervenir en la jornada que el 28 de este mes se llevará a cabo para discutir aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).

La Audiencia nació de una convocatoria efectuada por la Corte, para que tanto el Gobierno nacional como el Grupo Clarín defendieran sus posiciones acerca de la validez constitucional de la LSCA. En el objeto de su solicitud, la Defensoría aclaró que de acuerdo al Art. 19 de la mencionada ley 26.522, el organismo actúa desde su creación “en representación del público de los servicios de comunicación audiovisual”, y que por lo tanto, no pide participar “entre los amicus curiae que acompañen la defensa de alguno de los litisconsorcios”, sino para “hacer llegar la palabra del público”. Es decir, de los oyentes y televidentes en forma directa

El escrito aclaró que Ottaviano fue designada al frente de la Defensoría por decisión conjunta de las Cámaras de Diputados y Senadores, y que dicho Art. 19 faculta a la entidad “para presentarse frente a los órganos administrativos y judiciales en representación y defensa de los derechos del público que tutela por mandato legal, los cuales eventualmente podrán ser afectados ante la inminencia del fallo que se dictará en la presente causa”.

El reglamento de la Audiencia estipula que cada parte, Gobierno y Grupo Clarín, designen cinco organizaciones como “amicus curiae”, encargadas de defender las respectivas posiciones. Este debate será el paso previo a la resolución definitiva del Tribunal, que deberá fallar en torno a los Arts. 41, 45, 48 y 161 de la ley aprobada por el Congreso en 2009, y que a pesar del tiempo transcurrido, todavía son cuestionados por el sector empresario.

Como fundamentación del pedido que ahora la Corte avaló de ser aceptada como “amicus” por fuera de esos diez lugares reservados, la Defensoría recordó la manera en que Frank La Rue, Relator Especial de Naciones Unidas, destacó a la institución como “un antecedente único en el mundo” para el resguardo del derecho a la información de “todos los oyentes y televidentes de un país”. Y agregó conceptos vertidos por Flor Elba Castro, integrante de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habló de “experiencia innovadora” al definir a la Defensoría, mediante la cual “las audiencias ven protegidos sus intereses”.

La solicitud también hace hincapié en los 835 reclamos y consultas recibidas por la Defensoría desde el comienzo de su gestión en noviembre pasado, y en la participación de los oyentes y televidentes que asisten a audiencias públicas en todo el país. “Esta amplia posibilidad de hacerse oír -sostiene Ottaviano en el texto-, y de que su reclamo sea canalizado frente a los poderes del Estado, es lo que le da a la Defensoría su carácter distintivo, y lo que permite que hoy me presente ante V.E. solicitando que la perspectiva del público enriquezca la deliberación en esta causa judicial”.