La OID rechaza la amenaza de privatización a los medios públicos argentinos al ser un retroceso democrático en términos de pluralidad, diversidad, representatividad y visibilidad.

La Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID) se suma al rechazo, preocupación y advertencia ante los retrocesos democráticos en la Argentina en materia del derecho humano a la comunicación, al acceso a la información, la libertad de expresión y por ende los derechos de las audiencias, tras las declaraciones del presidente electo, Javier Milei, respecto de la privatización de los medios públicos en Argetina.

Los intentos y amenazas de transferir a la iniciativa privada la tutela del escenario comunicativo ofertado a toda una sociedad, plural, diversa, heterogénea y desigual en el segundo país más grande de América Latina resulta un principio diametralmente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. Los cuales, bajo criterio de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cualquier monopolio comercial o gubernamental sobre la libertad de expresión, limita la formación de la opinión pública y busca moldearla de acuerdo a sus intereses.

Los medios públicos y estatales brindan acceso a la información, al entretenimiento y a la cultura para la ciudadanía, cubriendo desiertos informativos tanto territoriales como de contenidos, al no priorizar el interés lucrativo frente al interés general de la población para tomar decisiones y participar de la vida democrática.

Si bien la mayoría de los medios públicos y estatales, tanto en Argentina como en el resto de América Latina, tienen como fuente de financiamiento recursos públicos federales del Estado, de ninguna manera esto les convierte de inmediato en instrumentos propagandísticos al servicio del poder político o partido en turno.

La OID rechaza la amenaza de privatización a los medios públicos argentinos al ser un retroceso democrático en términos de pluralidad, diversidad, representatividad, visibilidad. Constituye una regresión a los derechos de las audiencias del servicio audiovisual y un repliegue para la participación ciudadana.

Al amenazar con la privatización, el Estado está prescindiendo de su responsabilidad por promover, difundir, garantizar, proteger un derecho humano clave, tal como lo es el derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión al dejarlo en manos de la concentración mediática comercial, una acción totalmente opuesta con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Por último, retomamos el comunicado del Observatorio del Código de Ética de Radio Nacional y de la Televisión Pública Argentina, recordando que los medios públicos son un patrimonio irrenunciable de las y los argentinos.

En la medida en que existan medios de comunicación no privados, no comerciales y tampoco con fines gubernamentales; sino de acercamiento con la ciudadanía, fomentando que la información tenga valor por sí misma, no apenas como mercancía, podrán fortalecerse las democracias escuchando otras voces, conociendo otras miradas y compartiendo distintas realidades que, de lo contrario, en un modelo lucrativo hegemónico perderían su lugar en los medios de comunicación.