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Preocupación ante el fallo judicial que suspende parte del decreto 690/2020

jueves 13 de mayo de 2021

El organismo manifiesta su preocupación por las consecuencias del fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en relación al decreto 690/2020 que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones.

La Defensoría del Público manifiesta su preocupación por las consecuencias del fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en relación al decreto 690/2020 que declaró servicio público esencial a las telecomunicaciones, al tiempo que saluda la decisión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que presentará con el apoyo de asociaciones de usuarios y consumidores, un recurso extraordinario federal ante la mencionada Cámara.

A través del mencionado decreto, el Gobierno nacional declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, a raíz de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala II emitió un fallo, en autos caratulados “Telecom Argentina SA c/ENACOM y otros/medida cautelar (autónoma)”, que por mayoría de votos resolvió “suspender los efectos de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del decreto 690/2020 y de las resoluciones ENACOM Nros. 1466/2020, 1467/2020 y 204/21, y su consiguiente inaplicabilidad con relación a la firma accionante”.

La Defensoría considera un retroceso que se prive de efectos a esta norma, en momentos en que se necesita imperiosamente una acción protectora hacia los derechos de las audiencias.

Resulta necesario, en el contexto de pandemia más que nunca, el reconocimiento de la comunicación, en todos sus soportes y en especial el acceso a internet, como un derecho humano fundamental.

Este organismo solicita, también, la regulación de medidas positivas para los sectores en condición de vulnerabilidad, a fin de reducir la brecha digital y comunicacional y recomienda la formulación de una política de tarifa social para democratizar el acceso a los servicios ofrecidos para las empresas prestadoras de servicios TIC.

A continuación se puede consultar el documento completo que llevó a cabo la Defensoría del Público.

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