Preocupación por dichos violentos contra la clase trabajadora y sindicalistas
Luego del ingreso de múltiples reclamos y consultas del público, referidos a piezas de propagandas electorales y participaciones de candidatas y de candidatos presidenciales en medios, la Defensoría manifiesta su preocupación por la presencia de discursos violentos y discriminatorios en la campaña.
A partir de una serie de reclamos de las audiencias, referidos a piezas de propagandas electorales y participaciones de candidatas y de candidatos presidenciales en medios de comunicación, en donde se reprodujeron fuertes estigmatizaciones sobre la actividad gremial y sus representantes, la Defensoría del Publico manifiesta su preocupación por la presencia de discursos violentos y discriminatorios en la campaña electoral. Particularmente, los orientados contra trabajadoras, trabajadores y representantes sindicales.
En ese mismo contexto, se recuerdan los compromisos asumidos públicamente por los candidatos y candidatas de todas las alianzas políticas ante la Cámara Nacional Electoral respecto a no ejercer descalificaciones ni violencia política durante la campaña.
Para contribuir con dicho compromiso, la Defensoría vuelve a poner a disposición las “Recomendaciones para el abordaje responsable de la conflictividad laboral y de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras en los medios de comunicación” elaboradas por el organismo.
Este documento es fruto de una intensa tarea con trabajadores y trabajadoras de distintos sectores productivos y de servicios, medios de comunicación, periodistas, profesionales del derecho y representantes sindicales, para promover el tratamiento mediático respetuoso de los derechos gremiales, a la organización sindical libre y democrática, a la representación sindical y a las libertades de expresión, petición y reunión.
Las organizaciones sindicales son parte del desarrollo de una democracia sana, robusta y participativa y sus dirigencias son elegidas de manera periódica por los trabajadores y trabajadoras. La estigmatización generalizada y la criminalización personal no contribuyen al debate público respetuoso, tan necesario durante la actividad electoral.