La Defensoría del Público recibió múltiples denuncias por la detención injustificada de dos comunicadores que estaban trabajando durante la marcha multitudinaria que reclamó por la aparición con vida de Santiago Maldonado, el viernes 1 de septiembre en la Plaza de Mayo.

La Defensoría del Público recibió múltiples denuncias por la detención injustificada de dos comunicadores durante la marcha multitudinaria que reclamó por la aparición con vida de Santiago Maldonado el viernes 1 de septiembre en la Plaza de Mayo.

Las presentaciones de las audiencias hacen mención a la detención de Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos, quienes estaban realizando la cobertura del mencionado acto. Al finalizar, fueron detenidos y acusados de presunta intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad y recién fueron liberados en la noche del domingo 3 de septiembre.

En este contexto, la Defensoría del Público expresa de este modo su preocupación por la violación del ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de represión policial y criminalización de la protesta social.

La libertad de expresión está reconocida en la Ley 26.522 (ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) en su artículo 2, donde establece que “el Estado debe salvaguardar el derecho la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión.” También mencionada en el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales en ella incorporados.

En esa línea, la Defensoría del Público trabaja en la promoción y protección del derecho humano a la comunicación, tanto en su fase individual como colectiva por lo que manifiesta una profunda preocupación por los hechos ocurridos el viernes 1 de septiembre en la Plaza de Mayo.