Presentación de recomendaciones con la Secretaría de Derechos Humanos
La Defensoría del Público y la Secretaría presentarán el lunes, a las 11, las “Recomendaciones para el tratamiento mediático sobre la dictadura cívico militar y el proceso de memoria, verdad y justicia”. Expondrán Miriam Lewin, Horacio Pietragalla Corti, Andrea Pochak, Ana María Soffiantini, Mercedes Soiza Reilly, Daniel Rafecas y Taty Almeida.
La Defensoría del Público y la Secretaría de Derechos Humanos presentan las “Recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de memoria, verdad y justicia”. Estas sugerencias son el resultado de una serie de encuentros de los que participaron periodistas, abogadas y abogados, organismos de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes expusieron sobre cómo debería ser el tratamiento periodístico de los derechos humanos en radio y en televisión. La presentación virtual será el lunes 5 de abril, a las 11. Y se podrá seguir a través de la web del organismo.
Además, en ese marco se firmará un convenio de cooperación mutua entre el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la Defensora del Público, Miriam Lewin, para que ambas instituciones articulen en distintos proyectos.
A continuación, se lanzará un curso sobre Derechos Humanos en el siglo XXI que será dictado por personal de la Defensoría del Público y de la Secretaría de Derechos Humanos.
En la presentación de las recomendaciones expondrán el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la Defensora del Público, Miriam Lewin; la Subsecretaria de Protección y Enlace internacional de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Pochak; la ex sobreviviente de la ESMA, Ana María Soffiantini; la fiscal ad hoc de la causa ESMA unificada, Mercedes Soiza Reilly; el abogado, doctor y profesor de Derecho de la UBA; Daniel Rafecas y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida.
La cobertura de los hechos relacionados con la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) y el proceso de memoria, verdad y justicia requiere una perspectiva respetuosa de los derechos humanos para evitar la reproducción de discursos que vulneren derechos o sean desactualizados o imprecisos.
El texto, que es una producción interdisciplinaria, circula alrededor de estos puntos:
- Se recomienda la cobertura y el seguimiento de los avances y retrocesos de las investigaciones judiciales, los juicios orales, las condenas y el estado de las causas en las que se investiga la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad.
- Resulta importante que los medios de comunicación visibilicen, difundan e identifiquen los lugares de represión, tortura y muerte; los monumentos, los museos y los sitios de memoria; y las investigaciones sobre los archivos de la represión ilegal.
- Se sugiere informar con términos claros y evitar tecnicismos legales. Sobre algunos conceptos de uso habitual se sugiere específicamente: por ejemplo, evitar la frase “Proceso de Reorganización Nacional” o “gobierno de facto” e incluir la expresión “terrorismo de Estado”.
- Al analizar los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar es imprescindible señalar la responsabilidad del Estado en los graves crímenes cometidos por sus fuerzas armadas: secuestros, violaciones, torturas, asesinatos, robo y apropiación de niños y niñas, entre otras acciones.
- Informar con respeto los casos de robos de niñas y niños. Es importante recordar que la justicia determinó en 2012 que el robo de niños y niñas fue una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación.
- Se sugiere contextualizar y situar los hechos en la historia para que la sociedad pueda comprender la dimensión del despliegue del terrorismo de Estado y sus secuelas en el presente, tanto en el plano individual como en el colectivo.
- Se debe evitar el sensacionalismo en las coberturas y la revictimización respetando siempre a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y a sus familiares.
- No minimizar la responsabilidad de los represores. Durante las coberturas periodísticas es recomendable evitar el uso de adjetivos relativos a la “monstruosidad” de los dictadores o represores.
- Se propone visibilizar y reconocer a las personas que estuvieron detenidas por razones políticas, incluso en los casos producidos antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
- Cuando se aborde el tema de la identificación de cuerpos o restos óseos de desaparecidos o NN vinculados a causas de delitos de lesa humanidad, se recomienda acordar los términos de la difusión de informes o resultados de pericias con los organismos involucrados.
- Es importante abordar la violencia sexual contra mujeres y diversidades detenidas ilegalmente.
- Violencia contra las personas LGBTTTIQ+. Es importante que los medios de comunicación acompañen esta construcción de memoria, verdad y justicia procurando respetar esas identidades, sin incurrir en estigmatizaciones.
Los cinco encuentros de consulta, realizados por vía virtual en plena pandemia, entre noviembre del 2020 y febrero de este año, tuvieron como finalidad actualizar las recomendaciones que la Defensoría del Público ya tenía realizadas sobre las coberturas responsables de temas relacionados con crímenes de lesa humanidad.