La Defensoría del Público formó parte del equipo interdisciplinario que presentó un decálogo para la lucha contra la violencia de género por razones políticas. “Hay que tomar conciencia de que la participación política por parte de las mujeres no puede tener como costo la dignidad, el silencio o el trauma”, aseguró Miriam Lewin.

La Defensoría del Público formó parte de la presentación del “Decálogo contra la violencia política contra las mujeres y disidencias sexuales”, junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Amnistía Internacional Argentina y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

En ese contexto se dieron a conocer las recomendaciones para la prevención y erradicación de este tipo de violencia, en sus distintas modalidades, especialmente dirigidas a los partidos políticos y alianzas inscriptas para participar en las elecciones primarias y generales de este año.

Como se puede leer en el decálogo: “La violencia política contra las mujeres y personas LGBT+ constituye una violación a los derechos humanos y restringe sus posibilidades de participar en forma plena e igualitaria de los procesos de toma de decisiones y la gestión de los asuntos públicos. Esta iniciativa se impulsa en el convencimiento de que su eliminación constituye una condición mínima e indispensable para el desarrollo y la consolidación de la democracia.”

La Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, abrió la ronda de ponencias asegurando que esta presentación constituye un paso a la acción. “Es necesario que nos sentemos a discutir ¿cuál es la diferencia entre la violencia política que se ejerce en el interior de los partidos, intrapartidariamente, con las personas en general de la violencia política que sufrimos las mujeres que militamos? Porque hay diferencias.” Y agregó: “Es un mal que aqueja a por lo menos 8 mujeres sobre 10 que militan y que quieren representar los intereses de todos y de todas”.

La Oficial a cargo y Directora Regional Adjunta de la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Cecilia Alemany, sostuvo: “El camino por recorrer es todavía largo, hay que encontrar la manera de utilizar todos los mecanismos tanto a nivel local, nacional e internacional para eliminar la violencia política por razones de género”.

Lewin destacó: “Desde la Defensoría abordamos la temática desde el punto de vista de la comunicación. La utilización de argumentos descalificatorios basados en presuntos consumos problemáticos, apariencia física, habilidad para maternal, orientación de género deberían ser desterradas hasta de los memes”.

Decálogo

1) Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres y personas LGBT+, y condenar públicamente cualquier expresión o acción de violencia política en su contra, sean o no representantes del partido político o alianza respectiva.

2) Promover una comunicación libre de violencia en diferentes entornos, instando al uso de un lenguaje respetuoso de las identidades de género y la abstención de declaraciones y/o consignas estigmatizantes, como son los calificativos despectivos basados en el género o las referencias a la apariencia física y la vida personal.

3) Asegurar que los distintos componentes de sus campañas electorales visibilicen las candidaturas de mujeres y personas LGBT+, más allá del Iugar que ocupen en las listas.

4) Promover la participación de las candidatas mujeres y personas LGBT+ en debates, actividades, inten/enciones públicas, apariciones en medios de comunicación y difusión a través de redes sociales.

5) Incorporar la perspectiva de las mujeres y personas LGBT+ a la elaboración de los materiales de campaña electoral, las propuestas y los programas del partido político o alianza.

6) Establecer protocolos de actuación para el tratamiento de casos de violencia política contra las mujeres y personas LGBT+, y promover modificaciones normativas internas, dirigidas a la prevención, tipificación y sanción de estas conductas, así como la implementación de medidas de reparación que mitiguen los impactos políticos, sociales y económicos derivados tanto del hecho como de su denuncia.

7) Abrir canales que favorezcan la denuncia de casos de violencia política contra las mujeres y personas LGBT+, y adoptar medidas para prevenir en el corto, mediano y largo plazo, cualquier represalia en su contra.

8) Apoyar públicamente, asesorar y brindar asistencia a las mujeres y personas LGBT+ que hayan sufrido actos de violencia política.

9) Desarrollar acciones de difusión, sensibilización y capacitación sobre los derechos políticos de mujeres y personas LGBT+, así como sobre el impacto que tienen en su ejercicio las condiciones estructurales de desigualdad y la violencia política.

10) Fortalecer la participación de las mujeres y personas LGBT+ en los espacios de toma de decisiones dentro de los partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales e internacionales; y favorecer la creación de redes que tengan.