La Defensoría le pidió al gobierno de De la Sota que se desempeñe en el espacio de participación con el que cuentan todas las provincias para colaborar en el diseño de políticas públicas vinculadas al funcionamiento de medios audiovisuales.

La provincia dirigida por el gobernador José Manuel de la Sota, que permanentemente reclama canales de diálogo con el Estado nacional, no cuenta con representantes en el Consejo.

El pedido de la Defensoría adquiere mayor importancia frente a lo ocurrido en los últimos meses en esa región, donde De la Sota decidió unilateralmente la interrupción del servicio de Televisión Digital Abierta (TDA) por supuestos perjuicios al medio ambiente, cuando en realidad, la documentación obtenida por el organismo encabezado por Cynthia Ottaviano prueba lo contrario. Dicha interrupción fue revertida por un fallo de la justicia federal local, que ordenó restablecer la señal durante tres meses hasta resolver la cuestión de fondo.

En una carta dirigida al fiscal de Estado Jorge Eduardo Córdoba, Ottaviano también solicitó explicaciones de por qué continúa cortado el servicio en Río Cuarto. La Defensoría recibió más de mil firmas de vecinos cordobeses damnificados de esa zona del país, y de instituciones como el Programa Universitario de Comunicación Audiovisual para la República Argentina (PUCARA), el Instituto de Extensión, UNVM-SPU, la Cooperativa de Trabajo AYLLU, el Nodo Audiovisual Tecnológico Río Cuarto y el Polo Audiovisual Tecnológico Centro, entre otros.

Desde el inicio del conflicto, la Defensoría viene preguntando a la gobernación qué tipo de daños al ambiente producen las antenas según su criterio, y si cuenta con relevamientos técnicos que justifiquen esa medida de censura. Ni De la Sota ni sus funcionarios ambientales respondieron al respecto. Los que sí opinaron fueron organismos entendidos en la materia, como la Universidad Tecnológica Nacional y la Subsecretaría de Planificación y Política Ambiental de la Nación. Sus relevamientos confirmaron que la transmisión de TDA no perjudica al ambiente ni a la salud de las personas.

A pesar del citado fallo de los tribunales federales, el fiscal Córdoba le solicitó a Ottaviano su intervención para resolver cuestiones vinculadas al sistema de coparticipación federal, pedido inadmisible para la Defensoría por exceder evidentemente el ámbito de su competencia; y le reprochó amparar la presencia de antenas ilegales en la región, que según el funcionario judicial fueron “rechazadas y repudiadas” por el gobernador cordobés.

El sistema de TDA repudiado por De la Sota es el único en la provincia que permite mirar televisión de manera gratuita. Quien no lo tiene debe contratar cableoperadores a un alto costo mensual.