El ejercicio democrático y participativo hizo, ya hace 12 años, de la Ley 26.522 un instrumento para consolidar el derecho a la comunicación, la libertad de expresión y el pluralismo. La Defensoría del Público le debe su existencia para representar a las audiencias, sus derechos, intereses y necesidades.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cumple 12 años. Fue producto de un ejercicio democrático y participativo con pocos precedentes en el país: un instrumento para consolidar el derecho a la comunicación, la libertad de expresión y el pluralismo.

La Defensoría del Público debe su existencia a esta ley, que dispone que se reconozca el derecho de las audiencias a acceder a contenidos que contribuyan a su bienestar y a hacer oír su voz. Y, en resumen, a la vida en democracia.

De la ley hay mucho para celebrar: los mecanismos para el reconocimiento y el funcionamiento de los medios sin fines de lucro, los medios públicos, la posibilidad de que todos los sectores del país ejerzan su derecho a comunicar, en una amplitud y pluralidad de voces acordes con los instrumentos internacionales.

La modificación de la Ley impuesta por decreto a fines de 2015 bloqueó las acciones para afrontar uno de los problemas más graves que afecta al sistema de medios en la Argentina: la concentración.

Sin embargo, muchas otras disposiciones están en plena vigencia y permiten acciones para sostener el pluralismo en la información, la opinión y el entretenimiento, la promoción del federalismo en la comunicación y la generación de contenidos nacionales, en todas las regiones del país.

La velocidad de los avances tecnológicos y la digitalización de la comunicación hace necesario adoptar previsiones legales no contempladas en la Ley 26.522. Es un debate que el país necesita afrontar. La Defensoría del Público se propone hacer aportes en este sentido, siempre sobre la base de la misión que la norma le adjudica: representar a las audiencias, sus derechos, intereses y necesidades.