La Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización delegó las funciones administrativas y operativas en la Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo, Dra. María José Guembe, hasta que se designe a la persona titular.

Luego  del pedido de las y los Directoras/es y de quienes trabajan en la Defensoría del Público por solucionar la actual acefalía del organismo, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización dispuso el 29 de noviembre de 2016 delegar las funciones administrativas y operativas en la Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo, Dra. María José Guembe, hasta tanto designen un/a nuevo/a Defensor/a del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Esta decisión, de carácter transitorio, fue la respuesta ante la demora de la mencionada Comisión Bicameral en la designación de la máxima autoridad de la Defensoría. Si bien Cynthia Ottaviano, quien ejerció el cargo hasta el 14 de noviembre pasado, expresó oportunamente su voluntad de renovar por un período de cuatro años más, tal como la habilita la ley 26.522, contando con el apoyo de ocho legisladores del FPV-PJ y sin que existan otros candidatos o candidatas propuestas, la Comisión Bicameral no dio comienzo aún al proceso de elección del nuevo Defensor o Defensora.

La situación fue objeto de reclamos por parte de las audiencias de los medios audiovisuales, quienes, tanto desde diferentes organizaciones sociales como desde su individualidad, presentaron más de dos mil pedidos por la continuidad de Ottaviano durante un segundo mandato.

La circunstancia actual limita los márgenes de acción y debilita a la Defensoría del Público, una de las herramientas más novedosas, audaces y productivas que generó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es necesario que a la brevedad se designe a la persona titular de modo de recuperar la totalidad de funciones y legitimidades que hicieron de la Defensoría un referente cultural de producción de consensos, debates y, sobre todo, de defensa del derecho humano a la comunicación en el país, articulando la totalidad de los actores del campo de la comunicación: medios, audiencias y Estado.