Se llevó a cabo el IV Seminario Ibero Americano de Defensorías / Ouvidorias de medios, organizado por la Defensoría del Público de la Argentina, en el Centro Cultural de la Cooperación. A continuación, las ponencias de los y las representantes.

“Estamos viviendo el mayor retroceso en materia audiovisual desde la recuperación democrática. Algo que se hizo de espaldas a las necesidades y las urgencias de las audiencias, pero de frente a los intereses de las corporaciones”. De esta manera y ante el auditorio lleno del Centro Cultural de la Cooperación y una veintena de representantes de las audiencias iberoamericanas, la Defensora del Público de Argentina, Lic. Cynthia Ottaviano, dio inicio al encuentro.

La actividad, bajo el lema “Los derechos de las audiencias en escenarios de comunicación concentrada”, sirvió para que Ottaviano describiera de esa manera el actual panorama político argentino. Pero a la vista de la totalidad de las intervenciones posteriores, la cita bien podría servir como manera de pintar la realidad iberoamericana, y sobre todo la referida al sur de este continente.

Ottaviano destacó la importancia del seminario, donde “nos hemos propuesto hablar de suicidio cultural y de las consecuencias reales y tangibles de la comunicación concentrada. Con un desafío, el de construir un pluralismo político, religioso, étnico y cultural”. Y finalizó: “Hay que redistribuir la riqueza informativa, que es de todas y de todos. No nos dejemos arrebatar nuestros derechos”.

El seminario, abierto al público, que también se pudo ver en vivo por medio del sitio web de la Defensoría del Público, consistió en una apertura, la realización de dos paneles de discusión, y la proyección de un mensaje especial enviado por el Dr. Eugenio Zaffaroni, abogado penalista y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina.

“La defensa del derecho humano a la comunicación es esencial para los pueblos -sostuvo en el comienzo el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Edgardo Form-, y lo decimos nosotros, cooperativistas, que humildemente sabemos muy bien lo que significa la censura y la invisibilización de voces. Es un gran honor tener aquí a tantos defensores y defensoras de las audiencias”.

“Como una enfermedad tropical, la concentración mediática es un fenómeno que pone en riesgo la diversidad cultural en la región”, comparó el docente de la Universidad de Brasilia, Fernando Oliveira Paulino. Por otra parte estableció un reto para todos los asistentes: “Fortalecer, cada uno en su propio lugar, espacios comunes de debate y reflexión, con el objetivo de educar a las audiencias en los derechos que tienen en materia comunicacional. Un trabajo que tan bien desarrolla la Defensoría del Público de la Argentina desde su creación”.

A su turno, Madalena Oliveira, también docente pero en la Universidad de Minho, Portugal, aclaró que “los defensores y defensoras son más que la vigilancia ética de la producción periodística. Son la herramienta para empoderar a las audiencias, y para ello es necesario deconstruir las construcciones realizadas por los medios”.

El primer panel del día se denominó “El impacto de la concentración de medios en los derechos de las audiencias”, donde fue moderador Fernando Oliveira Paulino, investigador doctorado en la Universidad de Brasilia e integrante del Forum de Acceso a la Información Pública.

Ariela Peralta, miembro del Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, trazó varias similitudes entre los casos argentino y oriental. Explicó que si bien la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual uruguaya está vigente desde enero de 2015, “inclusiva y democrática en materia de libertad de expresión y acceso a la información”, hubo “una implícita y luego explícita voluntad política de dejar librado a la justicia la decisión sobre avanzar o no en la implementación de las disposiciones”, a partir de recursos de amparo impuestos por los grupos mediáticos concentrados. “Tanto es así -explicó-, que a la hora de aprobar el presupuesto nacional por dos años, no se asignó partida alguna para la implementación de la misma, sino hasta el último minuto bajo denuncia de los defensores de la ley”.

Peralta relató que “bajo el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, quien asumió el 1 de marzo de 2016, no se boicoteó decididamente la ley. Sin embargo, quienes habían trabajado fuertemente para su promulgación consideraron que existía una intención de congelar su aplicación, o al menos, no apurar su implementación ni su reglamentación a la espera de los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia”. Con respecto a decisiones recientes tomadas por el máximo tribunal del país vecino, describió que los magistrados dictaron definitivamente constitucionales algunos aspectos importantes del articulado, como reservar un 60 por ciento de la programación total emitida por cada medio a la producción nacional, crear un Consejo de Comunicación Audiovisual desconcentrado del Poder Ejecutivo, impedir que los canales emitan más de 15 minutos por hora de publicidad, y evitar la publicidad subliminal en programas infantiles.

Pablino Cáceres, representante de Voces Paraguay, la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos, describió a su país como “dominado por una elite económica propietaria de la mayoría de los medios de comunicación”, donde “más del 90 por ciento de la información y el entretenimiento es controlado por cinco grupos empresarios”. Además, siete de los nueve canales de TV abiertos pertenecen a dos grandes empresas, lo que “marca permanentemente la agenda del país, y la ruta a seguir”.

Para Cáceres, esta carencia en la información “es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia”, dentro de “un panorama comunicacional que, con Horacio Cartes en la presidencia, se orienta en dirección contraria a las experiencias recientes en América Latina”. Frente a esto, resaltó un paso importante del movimiento comunitario: la conformación de la Red de Comunicadores del Mercosur (REDCOMSUR), porque “la democratización de la comunicación en Paraguay no existe, y es imprescindible”.

Paulina Mogrovejo integra el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación de Ecuador. Su intervención dio cuenta de la gravedad que cruza a todo el panorama comunicacional en ese lugar. Dijo que nueve de cada diez medios pertenecen a manos privadas, algo que “atenta contra la democracia y privilegia el interés económico”. Afirmó la necesidad de que “las organizaciones sociales tengan sus propias voces, y que las etnias controlen la palabra”. Para “erradicar el monopolio de contenidos y descolonizar las industrias culturales”.

También Javiera Olivares, representante del Colegio de Periodistas de Chile, coincidió en la necesidad de enfrentar la política de medios en pocas manos. Para eso, explicó el actual panorama de la televisión: “Canal 13 es del grupo Luksic, conglomerado con intereses en la industria financiera, minera, energética, alimentaria y financiera. Mega, en tanto, pertenece al grupo Bethia, consorcio con presencia en el sector inmobiliario, salud y alimentario, entre otros. Dos de los principales canales de televisión, Chilevisión y La Red, son controlados por consorcios extranjeros. El segundo es de propiedad del empresario mexicano Angel González. Chilevisión, la señal fundada por la Universidad de Chile, es operada en la actualidad por Time Warner”. Y agregó: “En este escenario, el canal de propiedad estatal Televisión Nacional parece distanciarse del resto, sin embargo, su régimen de financiamiento basado exclusivamente en la publicidad lo condiciona como un competidor más asimilado a la televisión privada. En suma, la televisión chilena está fuertemente ligada a un sector social determinado”.

Beatriz Solís Leree, titular de la Defensoría del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR, dijo que en su país, la reciente modificación constitucional en materia de telecomunicaciones podría consagrar una serie de derechos que hoy faltan en ese lugar, como el acceso a las tecnologías a una gran parte de la población, jurisprudencia para efectivizar el derecho a réplica, desarrollo de programación infantil protegida, y garantías para el acceso a información plural y veraz. Sin embargo, la expresión de deseos acerca de lo que podría ocurrir en México no impidió a Solís Leree describir el presente como problemático y negativo: “El modelo mediático altamente concentrado que aún se presenta en mi país se refleja, en materia de radiodifusión, con dos empresas que acaparan el 94 por ciento del total de frecuencias comerciales y audiencias”.

Explicó que los defensores de las audiencias aumentaron de seis a ocho después de la citada reforma, pero que nada servirá “si desde esas Defensorías no se hace un trabajo pedagógico, indispensable y urgente, para que los reclamos no se limiten a preguntas individuales, sino ayuden a crear conciencia sobre la importancia que tiene una comunicación horizontal y democrática”.

En su mensaje grabado, Zaffaroni saludó “a todos los Defensores del Público que están reunidos”, y destacó la importancia de que el encuentro se desarrolle en Buenos Aires en la actualidad, para poder verificar “cómo funciona aquí el monopolio de medios”. Describió el volumen financiero y patrimonial de los monopolios mediáticos latinoamericanos como “gravísimo”, y aclaró que es una equivocación decir que están al servicio de las corporaciones trasnacionales, sino que en realidad “forman parte del entramado financiero de esas corporaciones”.

Para el penalista, “estamos entregando algo más que la difusión de ideas. Estamos entregando nuestra cultura. Los medios son creadores y difusores de cultura. Y la gran riqueza de América Latina es justamente su pluralismo cultural”. Y agregó: “Realmente creo que la prohibición del monopolio de medios en América Latina tiene que tener jerarquía constitucional, porque es la única garantía que tenemos para tener democracias efectivas y reales”.

Después llegaron las intervenciones del segundo y último panel de la jornada: “La participación de las audiencias y su aporte a la calidad de los medios”, con la moderación de Madalena Oliveira, docente de la portuguesa Universidad de Minho. Manuela Gumucio, miembro del Observatorio Fucatel, de Chile, se mostró autocrítica: “Los chilenos vivimos con una cierta indiferencia la concentración enorme de propiedad de medios de comunicación en manos de figuras empresariales de la derecha política y económica del país, una suerte de naturalización de un estado de las cosas que hace difícil considerar a Chile una democracia plena”. Lo que crea una situación que “deforma y degrada la función periodística, presionada por la búsqueda de impacto y visibilidad como condición de rendimiento en el escenario en competencia, en tanto mercado o industria que aspira a maximizar sus utilidades o revertir sus pérdidas, más que contribuir a un verdadero debate informado”.

Mario Mantilla, defensor de Canal TRO, en Colombia, recordó que la actual Constitución Política de ese país nació de múltiples debates e intervenciones ciudadanas, y que eso garantizó en materia de comunicación la difusión de distintos derechos. Explicó que la Defensoría que encabeza “fue clave para intervenir sobre la manera en que los medios trataban temas graves, como la contaminación ambiental”. Y agregó: “Los comunicadores sociales debemos tener una formación humanista que tenga al ciudadano como eje de su accionar”.

“El panorama actual de la radiodifusión en México es una extraña combinación entre la permanencia de un mismo sistema y un conjunto cambios que, si bien modifican algunos elementos estructurales de éste, no han alcanzado a transformar su signo fundamental: el de la concentración en un grupo muy pequeño de concesionarios comerciales”. De esa manera, Felipe López Veneroni, representante de la Defensoría de Canal Once, marcó las características del mapa comunicacional azteca. Después de trazar la historia de la radiodifusión en su país, destacó como importante la intervención de organizaciones comunitarias y medios de baja potencia para que se respetaran los derechos de las audiencias. Con lo que se consiguió que esas conquistas fueran incorporadas al rango constitucional.

También desnudó la manera en que el poder político presionó para obtener beneficios comunicacionales. Por ejemplo la aprobación de la llamada Ley Televisa, en alusión a todo lo que concedía al grupo mediático. “Una norma que pudo luego archivarse -agregó-, gracias a la acción de varios diputados y senadores que la enfrentaron, invocando derechos que esa ley tenía vedados a las audiencias”. López Veneroni se mostró por un lado esperanzado en que la comunicación se democratice, pero por otro, reconoció que el poderío de los grandes grupos empresarios de medios es grandísimo. “Nuestro presente y futuro en materia comunicacional son inciertos”, dijo.