La Defensoría, el Programa Memoria en Movimiento y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional elaboraron el documento que fue presentado en el Congreso de la Nación en el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

En el marco de una serie de actividades por el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, la Defensoría del Público, el Programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional presentaron, en el Congreso de la Nación, la “Guía para el tratamiento mediático responsable de la Violencia Institucional”.

El evento se llevó a cabo en el “3er Encuentro por una Seguridad Democrática y Popular, Caminos hechos y por hacer”, en el que participaron familiares de víctimas de violencia institucional, representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos, sindicatos y representantes religiosos.

La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, fue mencionando los puntos del decálogo que forma parte de la guía y enfatizó: “Este 8 de mayo en el Congreso de la Nación Argentina le decimos sí a la profundización de la democracia y no a la violencia institucional, reconociendo que los medios tienen un rol clave para visibilizar la problemática y contribuir en el esclarecimiento de los hechos”; por su parte el miembro del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Eduardo Rinesi, señaló: “Me parece que el modo de llevar adelante la tarea del Estado es del modo que se llevó el de esta guía con participación popular deliberativa y activa”.

En su ponencia, la fiscal Nacional en lo Criminal, Cristina Caamaño, describió distintas experiencias en las cuales tanto miembros de la justicia y periodistas trabajaron en conjunto en casos de violencia institucional y destacó la relevancia del trabajo presentado. La secretaria de Comunicación del Área de Derechos Humanos del Poder Judicial de Mendoza, Eva Guevara también relató el accionar del Estado en casos de violencia institucional y la importancia del rol de los medios a la hora de denunciarlos.

En tanto, la directora del Programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación, Verónica Torras remarcó distintos puntos fundamentales como la formación en derechos humanos de quienes trabajan en los medios de comunicación, la libertad por parte de los medios de quienes ejercen el periodismo a la hora de investigar casos de violencia institucional, y la responsabilidad en el sostenimiento a lo largo del tiempo de las noticias relacionadas a violencia institucional.

La madre de Mariano Witis (asesinado el 21 de septiembre de 2000 por la policía bonaerense), Raquel Witis, puso énfasis en los alcances de la guía: “Me parece muy importante rescatar este material porque le va a servir no solo a los periodistas, le va a servir a todas las personas”. También opinaron sobre la guía el periodista de Córdoba, Dante Leguizamón y la periodista de la agencia Infojus noticias, María Eugenia Ludueña; quienes compartieron su experiencia y agradecieron la elaboración del documento del que coincidieron “será muy útil en las redacciones”.

La guía es producto de una serie de encuentros que se llevaron a cabo en distintos puntos del país organizados por la Defensoría, el Programa Memoria en Movimiento y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. En ellos participaron periodistas, representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de distintas provincias y municipios de todo el país; legislativos, académicos y miembros de movimientos sociales. La guía se expondrá en todo el país y cuenta con un directorio integrado por representantes de organizaciones civiles y sociales y miembros de distintos poderes del Estado, que darán un seguimiento al material y velarán porque se exponga en los medios de comunicación.

El documento, aporta algunos elementos centrales desde un paradigma comunicacional con perspectiva de derechos humanos, a fin de identificar la complejidad y relevancia de este tema y brindar herramientas para el ejercicio responsable de una tarea clave para toda la sociedad. Aborda temáticas como las dificultades a la hora de denunciar, investigar y sancionar hechos de violencia institucional a lo que se suma la alta vulnerabilidad de las personas afectadas y la invisibilidad de este tipo de prácticas frente a la opinión pública y en los medios de comunicación.

Como reconoce la ley 26.522, los servicios de comunicación audiovisual en tanto actividad de interés público cumplen un papel fundamental para que la sociedad ejerza su derecho a la comunicación. En este caso, el acceso a la información puede prevenir la violación de derechos fundamentales por parte de las instituciones estatales y reducir a la mínima expresión sus condiciones de posibilidad.