Representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, radios comunitarias, alternativas y ciudadanas y organismos públicos de 11 países firmaron una declaración.

En el marco del IV Seminario Iberoamericano de Defensorías / Ouvidorias de medios, organizado por la Defensoría del Público de Argentina, representantes de universidades, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, radios comunitarias, alternativas y ciudadanas y organismos públicos de 11 países firmaron una declaración en la que instan a que en cada una de esas naciones de la región se promueva la creación de Ouvidorias y Defensorías de las audiencias.

El texto de la declaración expresa: “Que la comunicación es un derecho humano fundamental e inalienable, tal como se refleja en los distintos acuerdos de carácter internacional, entre los más importantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948, art. 19 y 27) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 22 de noviembre de 1969, art. 13).

Que tal concepción de la comunicación ampara el derecho individual de toda persona a manifestar el propio pensamiento sin menoscabos ni impedimentos pero, a la vez, también protege el derecho colectivo de recibir informaciones y opiniones, posibilitando así el conocimiento de las expresiones de las demás personas.

Que, en este sentido, es fundamental el rol de los Estados en la salvaguarda y promoción del Derecho Humano a la Comunicación, dado que se trata de una actividad social de interés público, a través de la que se exterioriza ese derecho humano.

Que desde esta perspectiva las audiencias dejan de ser consideradas como sujetos de consumo y pasan a ser contempladas como sujetos plenos de derecho, en su capacidad de recibir pero también de dar información”.

Luego, emitieron lineamientos básicos para que “las Defensorías u Ouvidorias no queden supeditadas sólo a la buena voluntad de quienes gestionan los medios de comunicación o reducidas a meras oficinas administrativas receptoras de quejas, es necesario dotar a estos organismos o figuras de un marco legal específico”. Entonces se acordaron los siguientes puntos:

• Establezca sus funciones, misiones y atribuciones.
• Su cobertura nacional, con alcance a todos los medios de comunicación audiovisual.
• Su autonomía e independencia, tanto de los gobiernos como de los propios medios de comunicación.
• La inclusión de instancias formales de participación social en la fase de elección de sus titulares, en la presentación de los balances de gestión, como así también en otras actividades o programas pedagógicos que se implementen.
• El establecimiento de mandatos acotados en el tiempo, para propiciar la diversidad de miradas y propuestas.
• La garantía de un presupuesto básico para su funcionamiento.

La declaración resalta las consideraciones incluidas en el informe 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión al sostener que “Organismos independientes de vigilancia pueden jugar un rol importante en la identificación y denuncia de contenidos de odio, así como en la promoción de la aplicación de los más altos estándares éticos. No obstante, al hacerlo deben adherirse a los estándares internacionales de derechos humanos. Ejemplos de recursos administrativos no punitivos implementados por organismos de vigilancia pueden encontrarse en las recientes medidas adoptadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina con miras a promover el derecho a la igualdad y no discriminación en la programación de los servicios audiovisuales”.

El documento concluye “Observamos con preocupación cómo en diversos países de la región, las normativas vigentes favorecen la concentración de la comunicación, reduciendo así un derecho humano a un mero negocio, que se concentra en pocas manos e impacta negativamente sobre la pluralidad, la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana. Ante este panorama y en el convencimiento de la necesidad de proteger y promover el Derecho Humano a la Comunicación, resulta fundamental la creación de instancias de representación de las audiencias, tales como las Defensorías u Ouvidorias”.

A continuación, el detalle de las personas que firmaron la declaración. Por Argentina, Cynthia Ottaviano (Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual) y Marita Mata (Profesora Consulta de la Universidad Nacional de Córdoba). Por Bolivia, Martha Rosa Paz Burgos (Decana de la Facultad de Comunicación y Cultura de la Universidad Evangélica Boliviana). Por Brasil, Joseti Marques (Ouvidora General de la Empresa Brasil de Comunicación, EBC) y Fernando Oliveira Paulino (Director de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia, UnB). Por Colombia, Consuelo Cepeda (Defensora del Televidente del Canal RCN), Mario Mantilla Barajas, (Defensor del Televidente del Canal TRO), Amparo Pérez (Defensora del Televidente del Canal Caracol), Olga Restrepo Yepes (Defensora del Televidente del Canal Teleantioquia) y Doris Molina (Defensora del Televidente de Canal Trece). Por Chile, Manuela Gumucio Rivas (Directora del Observatorio de Medios Fucatel) y Javiera Olivares (Presidenta del Colegio de Periodistas). Por Ecuador, Paulina Mogrovejo (Integrante del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, Cordicom). Por España, Manuel Chaparro Escudero (Profesor y Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga). Por México, Gerardo Albarrán de Alba (Defensor de la Audiencia de Radio Educación), Felipe López Veneroni (Defensor de la Audiencia del Canal Once), Beatriz Solís Leree (Defensora de la Audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, SPR) y Adriana Solórzano Fuentes (Presidenta de Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, AMDA). Por Paraguay, Pablino Cáceres (Voces Paraguay: Asociación de Radios Comunitarias, Alternativas y Ciudadanas). Por Portugal, Madalena Oliveira (Profesora del Centro de Estudios en Comunicación y Sociedad de la Universidad de Minho). Y por Uruguay, Ariela Peralta (Directora de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo).

Para leer y escuchar la declaración se encuentran los dos archivos adjuntos en esta nota.