En respuesta a distintos reclamos de las audiencias, integrantes del organismo mantuvieron distintas reuniones con el fin de colaborar en la resolución de distintos conflictos originados por gravámenes impositivos a emisoras de radio y señales de TV.

Integrantes de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos de la Defensoría del Público recorrieron las ciudades de San Carlos de Bariloche y El Bolsón en Río Negro donde mantuvieron reuniones con representantes de los consejos deliberantes y ejecutivos locales. Los encuentros se produjeron en respuesta a reclamos de las audiencias relacionados la regulación local sobre tasas y multas municipales de antena, que afecta a medios de comunicación de esas ciudades.

Por medio del diálogo, como es una constante desde la creación del organismo en noviembre de 2012 para encontrar soluciones frente a las problemáticas planteadas, los representantes del organismo explicaron al jefe de Gabinete de San Carlos de Bariloche, Pablo Chamatropulus y la concejal Cristina Painefil que la actividad que desarrollan los medios de comunicación audiovisual no es de tipo comercial, sino del ejercicio de un derecho humano fundamental que no debe estar condicionado ni restringido por normas locales. De lo contrario, se vería afectado el derecho a la libertad de expresión de la radio o la televisión y el derecho colectivo al acceso a la información de las audiencias.

En la reunión que se llevó a cabo por pedido de Painefil, Chamatropulus se comprometió a revisar los expedientes sobre imposición de tasas, cánones y multas sobre antena a los medios de comunicación locales para evitar que se agrave la situación que sufren los medios frente a los cuantiosos gravámenes que deben afrontar. En tanto, representantes de distintas radios locales manifestaron su preocupación por los condicionamientos a la actividad comunicacional que desarrollan frente a las elevadas sumas de las tasas y multas municipales, que ponen en peligro la sustentabilidad económica de las radios y que ya llevó al cierre de al menos 5 radios en la localidad.

Por su parte, los integrantes de la Defensoría manifestaron la importancia de que el proyecto legislativo que se encuentra en discusión y que reemplazará a la ordenanza que establece estos impuestos y multas sobre los medios, tenga en cuenta y se adecue a las políticas diferenciales de protección y promoción de los medios locales y comunitarios que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a las normas y estándares internacionales sobre derechos humanos. También se solicitó que se revisen los casos similares y se arribe a una solución que permita respetar el derecho a la comunicación de las radios y las audiencias de Bariloche.

En El Bolsón, los integrantes de la Defensoría se reunieron con concejales y representantes del Ejecutivo Municipal de la ciudad y se diálogo en torno al conflicto entre normas federales como la LSCA y normas locales que en muchos municipios habilitan incluso la clausura de medios de comunicación. También se puso a disposición de la Municipalidad y el Concejo Deliberante de la Ciudad del Bolsón al equipo de la Defensoría, para participar y colaborar en el asesoramiento tanto jurídico como comunicacional para la elaboración de normas que respeten los criterios.