Luego de la solicitud del organismo, la Autoridad Federal resolvió otorgarles un reconocimiento a alrededor de 150 emisoras de radio sin fines de lucro de todo el país.

A través de la resolución 123, firmada por la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, la Defensoría solicitó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) el reconocimiento para las radios comunitarias. Luego, el organismo regulatorio resolvió otorgarles un reconocimiento a alrededor de 150 emisoras de radio sin fines de lucro de todo el país, en su carácter de comunitarias.

En un principio, AFSCA había detallado: “La iniciativa surge a partir de una recomendación realizada por la Defensoría del Público”. Y ahora agregó: “El reconocimiento a los medios comunitarios apunta a favorecer el desarrollo de este modo de comunicación y establece que las FM alcanzadas por la medida contarán con un puntaje preferencial para participar en futuros concursos públicos de licencias. Se trata de aquellas radios que se encuentran registradas o empadronadas, en el marco de las Resoluciones 753/06 y 1478/14, y son definidas como comunitarias. Además, las emisoras comprendidas en la primera de estas resoluciones, obtendrán la reserva de espectro prevista en el artículo 89 inciso f) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

Días atrás, la Defensoría del Público amplió la solicitud a la AFSCA, de generar un marco de protección y normalización de radios comunitarias luego del antecedente generado con la resolución 123 en la que recomendó “regularizar la situación legal específica” de dichas emisoras debido a la inestabilidad en la licencia de la radio La Ranchada de Córdoba. Ante esa solicitud de la Defensoría, el organismo que preside Martín Sabbatella elaboró una resolución “que hace extensiva la medida a todas las emisoras de este tipo, según el principio de igualdad ante la ley y en el marco de las políticas inclusivas que promueve la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

En el texto firmado por Ottaviano, se señala que “la Defensoría entiende que, en las denominadas ‘zonas de conflicto’, la necesidad de regularización del espectro debe atender las necesidades específicas de las emisoras comunitarias, en sincronía con el reconocimiento que les formula la ley 26.522 como un sector específico dentro de las organizaciones sin fines de lucro que contribuye claramente a la democratización de la comunicación”.

La solicitud de la Defensoría insta a “explorar mecanismos para que el reconocimiento propiciado alcance a todas las emisoras comunitarias”, y se produce en respuesta a los reclamos de integrantes de las emisoras “Radio Sur FM 88,3”, “Radio Gráfica 89,3” y “FM En Tránsito 93,9” donde piden al organismo “se garantice la plena legalidad de este medio popular mediante el otorgamiento de la licencia correspondiente” y “se otorgue un reconocimiento que garantice la continuidad de la explotación”.

En el texto presentado, la Defensoría citó la declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión articulada en 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión que recomienda a los Estados: “Crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos”.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, define a las emisoras comunitarias como “actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diversos tipos sin fines de lucro”. Desde su creación en noviembre de 2012, la Defensoría del Público, trabaja junto a más de 60 emisoras comunitarias para su impulso, mediante capacitaciones técnicas, de coordinación y asistencia legal.