La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó información al Estado por las amenazas que sufrió la radio comunitaria FM ALAS, de El Bolsón, Río Negro.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le respondió a la Defensoría del Público luego de que el organismo hiciera una presentación sobre la afectación a la libertad de expresión y al derecho a la información en el caso de las amenazas recibidas por las comunicadoras y los comunicadores de Radio FM ALAS. La CIDH le solicitó al Estado Nacional que se pronuncie al respecto y expresó que el documento de la Defensoría será considerado para el próximo Informe Anual sobre la situación de la Libertad de Expresión en Argentina.

La Defensoría recepcionó denuncias de la radio comunitaria FM ALAS, de la localidad de El Bolsón, Río Negro, y de sus audiencias, luego de que recibieran “amenazas, actos intimidatorios y de amedrentamiento”. De acuerdo a esas presentaciones, estos hechos se relacionaron con las coberturas informativas de la emisora, en especial las que abordaron conflictos ambientales, la resistencia a desarrollos inmobiliarios y la investigación sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

El organismo analizó el caso y le envió una nota con sus conclusiones a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por considerar que se encontraba afectada la libertad de expresión y el derecho colectivo al acceso a la información de sus audiencias.

Tal como lo expresó la Defensoría en el informe enviado a la Relatoría, en primer lugar es necesario que las instituciones estatales de los distintos niveles de gobierno, tomen las medidas adecuadas para proteger a los/as comunicadores/as de FM ALAS y evitar que se repitan nuevos actos de amenaza e intimidación contra el medio comunitario. Luego, que las autoridades judiciales logren identificar y condenar a los responsables.

En esta caso, las amenazas denunciadas por FM, así como los resultados que arroje la investigación judicial sobre estos hechos, tienen un impacto negativo, por un lado, en la actividad de defensa de los derechos sociales y ambientales que realiza el medio al ejercer su libertad de expresión y, como contracara, inciden en la vulneración del derecho colectivo al acceso a la información de sus audiencias.  Ello faculta a la Defensoría a intervenir, fundamentalmente para proteger los derechos de las audiencias de FM ALAS, evitar que se reiteren conductas que restringen la libertad de expresión de los medios comunitarios y procurar el debido respeto al derecho a la pluralidad informativa, constitutivo del derecho a la comunicación.