Luego de la resolución en la que el organismo pide que se generen condiciones para la protección de una emisora comunitaria, se sumaron numerosos reclamos de otras radios que motivaron la elaboración de un texto con miras a generar un marco global.

La Defensoría del Público amplió la solicitud a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), de generar un marco de protección y normalización de radios comunitarias luego del antecedente generado con la resolución 123 en la que el organismo recomendó “regularizar la situación legal específica” de dichas emisoras debido a la inestabilidad en la licencia de la radio La Ranchada de Córdoba.

En el texto firmado por la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, se señala que “la Defensoría entiende que, en las denominadas ‘zonas de conflicto’, la necesidad de regularización del espectro debe atender las necesidades específicas de las emisoras comunitarias, en sincronía con el reconocimiento que les formula la ley 26.522 como un sector específico dentro de las organizaciones sin fines de lucro que contribuye claramente a la democratización de la comunicación”.

La solicitud, que insta a “explorar mecanismos para que el reconocimiento propiciado alcance a todas las emisoras comunitarias”, se produce en respuesta a los reclamos de integrantes de las emisoras “Radio Sur FM 88,3”, “Radio Gráfica 89,3” y “FM En Tránsito 93,9” donde piden al organismo “se garantice la plena legalidad de este medio popular mediante el otorgamiento de la licencia correspondiente” y “se otorgue un reconocimiento que garantice la continuidad de la explotación”.

En el texto presentado, la Defensoría citó la declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión articulada en 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión que recomienda a los Estados: “Crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos”.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, define a las emisoras comunitarias como “actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diversos tipos sin fines de lucro”. Desde su creación en noviembre de 2012, la Defensoría del Público, trabaja junto a más de 60 emisoras comunitarias para su impulso, mediante capacitaciones técnicas, de coordinación y asistencia legal.