Diferentes personalidades del ámbito de la comunicación, la política y la educación adhirieron a la Resolución N°21 emitida por el organismo. El escrito recorre minuciosamente cada uno de los puntos de los decretos que afectan a la Ley 26522.

Distintos referentes del periodismo, el mundo de la comunicación, la política y el ámbito docente se manifestaron en las últimas horas a favor de la Resolución Nro. 21 emitida por la Defensoría del Público, que alertó sobre las consecuencias negativas que los decretos de necesidad y urgencia del gobierno nacional traerían para la plena vigencia del derecho a la comunicación resguardado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Glenn Postolski, descano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor titular de Políticas y Planificación de la Comunicación, calificó la resolución de la Defensoría como “central”, porque “pone el eje entender a la comunicación como un derecho humano fundamental, contra la idea de interpretarla como una mercancía”. Y agregó que “después de años de debate, para entender qué lugar ocupan los medios en una democracia, estos decretos retrotraen logros que nos costaron muchos sacrificios conseguir. Espero que esta nueva herramienta de lucha elaborada por la Defensoría contribuya a impedir que volvamos a situaciones que creíamos superadas”.

Para Diego de Charras, Director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Adjunto de Derecho a la información, los DNU “tienen problemas de forma y de fondo. Por un lado, intentan modificar una ley que tuvo una amplísima discusión nacional. Pero además, conllevan implicancias graves, como la eliminación del cable como servicio de comunicación audiovisual, vulnerándose los derechos de las audiencias, lo cual es gravísimo”. El docente sostuvo que “a partir de ahora, los distribuidores ya no estarían obligados a incorporar en la grilla distintas señales locales, las cuales perderían cualquier posibilidad de ser vistas”. Y afirmó que “los DNU dan cabida a un aspecto muy bien tratado por la Defensoría en su resolución, que es la concentración de medios. En pocos días hemos vuelto a los años noventa, cuando por ejemplo, los pequeños cableros eran comidos por los grandes grupos”.

“Toda iniciativa en contra de DNU antidemocráticos y antirrepublicanos que intentan derogar la ley de medios debe ser resaltada”, manifestó Jorge Bernetti, docente y periodista. Y agregó: “Tengamos en cuenta que hablamos de, tal vez, la ley más discutida y consensuada de todo el siglo XX, comparándola a lo ocurrido con el Código de Vélez Sarsfield”.

Para Bernetti, el trabajo de la Defensoría “ha sido muy positivo desde su nacimiento, tratando de poner en marcha a ese gigante invertebrado que es el público. Su última resolución apunta justamente a eso, intentar hacer valer los derechos de ese gigante, frente al atropello que significan estos decretos que no son ni necesarios ni urgentes”.

Para Gustavo López, ex subsecretario de Relaciones con la Sociedad Civil de la Presidencia en el anterior gobierno, y referente del espacio Forja, los DNU “marcan una arbitrariedad, y de ninguna manera cumplen con los requisitos que la ley establece para utilizar esa herramienta. Se pudo haber convocado a sesiones extraordinarias del Congreso si había tanta necesidad, y sin embargo, eso no se hizo”.

“Celebro la resolución de la Defensoría -sostuvo-, porque acá no se trata de defender gestiones, sino de defender a la ley desde lo conceptual, y explicar a los diputados y senadores, que decidirán finalmente sobre estos decretos, qué implicancias tendrían para la democracia”. Según López, las medidas del actual gobierno nacional “consolidan posiciones dominantes del mercado, van en contra de lo resuelto por  la Corte Suprema de Justicia en ese sentido, y vuelven el tiempo atrás, cuando empezamos a discutir una ley con la esperanza de abrir un camino  realmente democrático y plural”.

Para el dirigente, lo buscado por el gobierno “es eliminar las regulaciones que la ley de medios marcaba, algo que costó veintiséis años de pelea política, y que ahora algunos quieren borrar de un plumazo. La idea es volver al concepto mercantilista de la comunicación, un principio tan resistido por la Defensoría desde sus comienzos, e interpretar a lo comunicacional como parte de la economía. Es clave no estimular la concentración, porque de esa manera se atenta contra la libre circulación de las ideas”.

Liliana Belforte, referente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), consideró el documento elaborado por la Defensoría como “una herramienta fundamental para plantarse frente a lo que entiendo un intento de desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del actual gobierno nacional. La Defensoría fue pensada para atender los derechos de las audiencias, y estamos frente a una instancia clave, porque los decretos de necesidad y urgencia atentan contra esos derechos. Somos parte de un  mismo espacio comunitario para defender esos logros, y ahora estamos ante el desafío de protegerlos. Como hace la Defensoría, tratando de salvaguardar los intereses de los ciudadanos, y no la necesidad de los grupos mediáticos concentrados”.

También habló de la resolución Eduardo Rinesi, ex rector de la Universidad de General  Sarmiento y parte del Consejo Directivo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el gobierno nacional anterior. El docente y politólogo resaltó “lo valioso de la resolución, pero por sobre todas las cosas, la labor de la Defensoría en general, porque nos enseñó a entender una idea novedosa en la región y en el mundo: la de ver a las audiencias como un sujeto colectivo de un derecho, el derecho a la comunicación. Cynthia Ottaviano siempre lo dice, y me quedo con su concepto de cambio de paradigma: la ley consideró a la comunicación no como un bien transable en el mercado, idea que aboga el ministro de Comunicaciones del actual gobierno nacional, sino como un derecho. Si realmente existe una necesidad y una urgencia para elaborar estos decretos, evidentemente no responden a demandas del pueblo, sino de otros intereses”.

Rinesi describió a la resolución de la Defensoría como “precisa y muy bien fundamentada”, y además “útil para una instancia que ahora se abre, la de la discusión política y judicial con la que trataremos de recuperar lo que ya habíamos logrado como sociedad: una comunicación democrática, plural y respetuosa de las minorías”.

“Lo hecho por la Defensoría es valioso en sí mismo como herramienta de reclamo -manifestó Luis Lázzaro, periodista y escritor especializado en comunicación-, pero además porque se inscribe en una serie de iniciativas de distintos actores sociales, como universidades, o la Coalición por una Comunicación Democrática, que al igual que la Defensoría, se reunieron para hablar de estos temas con el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH, Edison Lanza”

Para Lázzaro, los decretos elaborados por el macrismo “son un atropello institucional porque desconocen al Congreso, pero además por sus alcances, como bien lo dice la resolución de la Defensoría, al limitar las atribuciones del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Atentan contra el pluralismo que la ley de medios tiene, y como también sostiene la resolución, son herramientas que intentar modificar leyes, y sustituir el trabajo del Poder Legislativo por la decisión de un funcionario”.

El periodista explicó que los recientes DNU “avanzan sobre la ciudadanía, al poner a 10 millones de hogares a merced del mercado, que hasta ahora pudieron ejercer su derecho humano a la comunicación en el marco de una ley que tutela y protege esos derechos, considerándolos como un bien social. Eliminar esos logros, como lo hacen los DNU para colocarlos en el ámbito del libre mercado, viola la Constitución Nacional en sus artículos 14 y 75, y pasa por alto tratados y convenciones internacionales. Son todos puntos centrales que la resolución de la Defensoría desarrolla, y que ojalá sean tenidos en cuenta por la Comisión Bicameral de medios a la hora de tratar estas cuestiones en el Congreso de la Nación”.

Néstor Busso, referente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, consideró a los DNU como “vergonzosos”, y por eso “estamos demandando en la justicia, en tribunales internacionales y políticamente ante el Congreso de la Nación, para que esta triste realidad sea modificada. En ese marco, lo hecho por la Defensoría es fundamental, porque aquí no hay mucho misterio: frente a los que consideramos a la comunicación como un derecho humano, están los que la interpretan como un negocio, como lo dijo expresamente Oscar Aguad, actual ministro de Comunicaciones”.

La reciente Resolución de la Defensoría recorre minuciosamente cada uno de los puntos de los decretos que afectan a la Ley 26.522 y muestra la afectación de los derechos que esos DNU producen sobre el derecho humano a la comunicación.