El organismo solicitó la inmediata intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en el caso Antena Negra TV “a efectos de resolver este conflicto legal por la vía administrativa”

El pedido se produjo en el marco del reclamo realizado por el señor Ezequiel Medone, integrante de Antena Negra TV, quien requirió la intervención de la Defensoría del Público para proteger el derecho al acceso a la información y la actividad que desarrollan los medios de comunicación comunitaria, teniendo en cuenta el “…peligro de censura y cercenamiento de la libertad de expresión al que estamos expuestos” y exigiendo que: “estos conflictos puedan resolverse en favor de los medios comunitarios, alternativos y populares”.

En la nota enviada al ENACOM, la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, sostiene, además, que “resulta necesaria la inmediata descriminalización de la comunicación ya que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un accionar delictivo” sino que representa “la expresión más genuina de un pueblo, en el ejercicio de su derecho humano a la comunicación” y por lo tanto “debe ser salvaguardado por el Estado, generando las condiciones de universalidad y acceso a ese derecho, con reglas claras e igualitarias”.

Al mismo tiempo, la Defensoría enfatizó su firme voluntad de propiciar “la no judicialización de la comunicación y la creación de espacios de diálogo” por lo que “correspondería iniciar un procedimiento administrativo de regularización de la situación de las emisoras, con todas las garantías constitucionales, y evitando incurrir en graves afectaciones a la libertad de expresión y al derecho al acceso a la información del público”.

Junto con el escrito enviado al ENACOM, se le adjuntó una copia del amici curiae presentado en la causa penal N° 3.169/2015, caratulada “N.N. S/ Interrupción de las comunicaciones”, dictamen de la Fiscalía Federal N° 6 y de la resolución judicial de primera instancia, que recogen los argumentos expresados por la Defensoría del Público oportunamente.

En una demostración de preocupación por el conflicto, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH en su informe anual 2015 alertó por la situación del sector comunitario y se refirió expresamente a las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Público a la Autoridad de Aplicación de la Ley 26.522.