Desde su creación, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa con “un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto”, según lo establece el artículo 19 en su inciso b) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las presentaciones recibidas en septiembre llegaron a 195, de las cuales 122 fueron consultas, 15 actuaciones, 56 acciones de distinto tipo y 2 reclamos derivados a otros organismos.

Un denunciante de Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires, manifestó que Radio Nacional es interferida por una radio FM. Y otro de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que una señal periodística por cable que le provee Telecentro se ve interferida por una FM.

Una denunciante de CABA explicó que un programa de una señal de noticias por cable dio difusión a un caso policial de 2005  que involucra al padre de su hijo y que en dicha entrega se muestran “fotos personales”, además de emitir “imágenes que me tomaron en la vía pública”. Por otro lado, un denunciante de Córdoba explicó que el servicio de televisión por cable brindado por una emisora local “es muy irregular” y que la empresa justificó el hecho en los “pocos usuarios” que tiene el mismo. Agregó que su queja “no es sólo a título personal, soy un funcionario de la Justicia y recepto habitualmente todo tipo de reclamos de los vecinos. Esperamos que mediante algún llamado de atención se brinde un servicio que compense lo que se abona”.

“La señal infantil Pakapaka debería ser emitida las 24 horas” por su operador de cable, según un denunciante de Sarmiento, provincia de Chubut y se repite a otro de El Talar, provincia de Buenos Aires. Un televidente de la ciudad de San Juan advirtió que el proveedor del cable que contrató no incluye en su grilla del servicio digital las señales Encuentro y Pakapaka, aunque sí forman parte de su grilla analógica.

La habilitación de una radio FM de la comunidad mapuche NEWEN TAIÑ MAPU, que funciona desde 2006, fue reclamada por un oyente de Allen, provincia de Río Negro. Mientras que un denunciante bonaerense de Lavallol reclamó que Telecentro mejore su “deficiente servicio de señal televisiva en sistema HD”.

El denunciante de Misiones marcó el incumplimiento por parte de la empresa de televisión satelital de la aplicación de la Ley 26.522, Art .65 F, en su grilla de canales ofrecidos”, donde se establece que  “los servicios televisión satelital deberán incluir, sin codificar, las señales abiertas generadas por los Estados provinciales, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y por las universidades nacionales”.

Por otra parte, una persona de la localidad bonaerense de Azul se mostró interesada en que la Defensora del Público, Cynthia Ottaviano, interviniera en representación de los televidentes en la Audiencia Pública convocada por el AFSCA para el día 19 de septiembre.

La manera en que los medios audiovisuales tratan el tema de la seguridad también formó parte de las presentaciones del público. Una denunciante porteña contó que en el programa anterior al noticiero de un canal de aire “estaban pasando el audio real de una entradera con asesinato incluido. ¡Terrible! Me descompuse”.

Un diputado nacional de Tucumán denunció al Directorio de un canal de esa provincia “por discriminación hacia mi persona” y reclamó poder “difundir mi actividad parlamentaria y política en los distintos espacios periodísticos que se emiten por esa señal pública”. Mientras que desde Carapachay, una mujer pidió que sean transmitidos en forma íntegra los debates en el Congreso de la Nación, invocando el “derecho de todos los ciudadanos” de “acceder a la discusión de temas tan trascendentes” como los que se tratan en determinadas ocasiones.

En otro orden, un oyente advirtió que el pasado 3 de julio, una radio FM de Río Grande, Tierra del Fuego, emitió la palabra de jóvenes alojados en un hogar de menores dependiente del Ministerio de Desarrollo Social provincial, sin autorización y violando la intimidad de los internos.

“En las zonas limítrofes con Brasil no hay señal de televisión argentina”, sostuvo una televidente de Corrientes, quien además reclamó “que se propicien canales y radios de calidad regionales”. Una denunciante porteña afirmó que su cableoperador no emite las señales CN23 y 360TV. Mientras que el titular de la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA) exigió la incorporación a la empresa de televisión satelital de los canales abiertos privados que correspondan a cada área de cobertura.

Un programa de un canal de Corrientes cosifica a las  mujeres y ejerce violencia mediática, según lo planteado por una mujer de esa provincia. Otros temas denunciados se relacionan con diferentes formas de discriminación. Por ejemplo lo ocurrido en una emisión de un canal de aire, a decir de una denunciante misionera, donde el guión muestra mensajes discriminatorios de una familia adinerada hacia trabajadores de servicio doméstico. También un televidente de Ramallo, provincia de Buenos Aires, manifestó sus críticas por la manera en que distintos medios televisivos difundieron la imagen de una joven asesinada.

En otro orden, en septiembre se llevó a cabo la Cuarta Audiencia Pública en la ciudad de Oberá, Misiones: asistieron más de 300 jóvenes.

Además, la Defensoría fue sede del Primer Congreso Latinoamericano de Defensorías de las Audiencias, que contó con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay. En ese marco, la Defensora del Público resultó electa para presidir la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias.

El mes en números

El 60,4% de las presentaciones ingresadas durante en septiembre en la Defensoría corresponden a denunciantes de la Ciudad de Buenos Aires y el ámbito bonaerense; el 13,4% a la región Centro; el 11,9% a NEA; el 6,9% a la Patagonia; el 5% a la región Cuyo y el 2,5% a NOA.

El 63% de los reclamos fue realizado por mujeres, mientras que el 37% de los mismos lo acercaron varones.

En cuanto a las edades de los denunciantes, el mayor porcentaje, un 24,6%, ocupa la franja que va entre 51 y 65 años. Mientras que porcentajes similares corresponden a público de distintas franjas entre 41 y 50 años, 31 y 40 años, y 19 y 30 años. Es bajo el porcentaje de denuncias acercadas por jóvenes entre 13 y 18 años: sólo un 6,2%.