El organismo solicitó la intervención de la CIDH ante los decretos que afectan la LSCA y su organismo de aplicación, emitidos por el Gobierno Nacional al que también anteriormente le envió un escrito solicitando dejar sin efecto esas medidas.

La Defensoría del Público envió un escrito dirigido al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, para solicitarle una reunión en carácter urgente. También le solicitó su pronta intervención “en el marco de sus facultades” y sus competencias debido a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que disponen la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio.

La Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, solicitó la intervención de la CIDH “en el marco de sus facultades” ante la sanción de los decretos emitidos por el Gobierno Nacional que afectan a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y a su organismo de aplicación. En la nota, señala que se trata de “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.

Leídas en conjunto, las medidas dictadas por el Gobierno Nacional “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”, señala la misiva.

La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”. Por otra parte, pide al Relator que “arbitre los medios necesarios para convocar a una audiencia con carácter urgente con el objeto de analizar la situación aquí planteada”.

La presentación ante Lanza se fundamenta en los reclamos que han presentado ante la Defensoría del Público las audiencias de la radio y la televisión, representantes de Universidades, medios de comunicación y organizaciones campesinas y de pueblos originarios, redes de comunicación comunitaria, sindicatos, entre otros actores y sectores sociales.

Una de las presentaciones ante el organismo fue realizada “en representación de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM), integrada por 25 universidades de todo el país, para denunciar la vulneración de nuestros derechos implicada en el decreto 236/2015 que interviene la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (AFTIC)”.

También expresaron su preocupación desde la “Unión de Trabajador@s Rurales Sin Tierra, parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (UST-MNCI)” que consideró la intervención de la AFSCA “un claro ataque a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), por parte del nuevo gobierno nacional en la figura del Ministro Oscar Aguad. Con un desproporcionado despliegue policial y con un DNU que incurre en la ilegalidad, al no respetar la LSCA vigente, se interviene la AFSCA y la AFTIC, en un hecho de gravedad institucional sin precedentes”.

“Ante la anunciada intervención del AFSCA por parte del ministro Aguad, solicito la intervención de la Defensoría del Público, en defensa de la Ley No. 26522 y su espíritu de libertad de expresión”.

La intervención de la Defensoría del Público fue demandada también desde la “Comunidad Educativa Creciendo Juntos DIPREGEP 7848 en la cual desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela”. Señalaron que “Para estudiantes, familias y docentes la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días”.

“Solicito la plena vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, por consiguiente la continuidad del AFSCA y AFSTIC. Es una ley democrática y sancionada por el Congreso, que garantiza la libertad de expresión y de información, así como la pluralidad de voces. No puede ser vulnerada por un decreto. La vulneración de la ley constituye un atentado a los derechos de todas y todos los ciudadanos argentinas/os”.

Previamente, la Defensoría del Público envió un escrito donde solicita al presidente Mauricio Macri dejar sin efecto las medidas adoptadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 13/2015 y en el Decreto 236/2015. Este último declaró la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. En la nota, la Defensoría solicita al Presidente de la Nación que se dejen sin efecto las medidas adoptadas y ajuste los actos de gobierno a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales a ella incorporados, las leyes vigentes y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El escrito fue recibido por el Gobierno Nacional y hasta el momento no obtuvo respuesta. Por el contrario, fue publicado en el Boletín Oficial un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el 267/2015 que modifica aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.