La Defensoría del Público recibió la adhesión de múltiples organizaciones de la sociedad civil de Argentina y Latinoamérica, que se sumaron a la solicitud de la Relatoría para la Libertad de Expresión para mantener una reunión en carácter urgente.

Mientras el Relator Especial para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, recibió el pedido de reunión de la Defensoria del Público, diferentes organizaciones de la sociedad civil de Argentina y Latinoamérica, se sumaron a la solicitud del organismo.

El Relator, Edison Lanza, ya había expresado su disconformidad con lo sucedido en la Argentina por decisión del Gobierno Nacional al asegurar que “no aprobamos intervernir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por medio de un decreto”. Mientras tanto, múltiples sectores de la sociedad civil nacionales y latinoamericanos avalaron el pedido de la Defensoría.

“Los anuncios que van en el sentido de intervenir justamente cuando cambia el Gobierno para hacerlo a imagen y semejanza de quien gana quiere decir que se acabó la autonomía, que se vuelve al momento en que los gobiernos manejaban la oficina”, afirmó Lanza al periódico Buenos Aires Herald en relación con los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que dispusieron la intervención de la AFSCA y la remoción de su Directorio.

En la nota, enviada a la CIDH, la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano señala que se trata de “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.

Leídas en conjunto, las medidas dictadas por el Gobierno Nacional “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”, señaló Ottaviano.

La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.

Mientras tanto, la Defensoría del Público recibió el apoyo y la solicitud de acompañamiento de variados sectores de la Argentina y la región en relación al pedido de audiencia a la OEA. Organizaciones universitarias de Argentina y Latinoamérica, campesinas e indígenas, cooperativas de trabajo, periodistas con visión de género, asociaciones de periodistas y especialistas en comunicación hicieron llegar su reclamo y su aval.

La representación de las radios universitarias de Argentina, Latinoamérica y el Caribe repudiaron: “Ante la publicación del decreto 267/15 manifiesto mi preocupación por el avasallamiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En mi carácter de Presidente de RRULAC Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe y ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, sostengo que el DNU vulnera el derecho de los medios universitarios a participar en el COFECA y en la AFSCA ya que se suprime un Director que representa a los Medios de Comunicación Universitarios. Acompaño la presentación que va a realizar la Defensoría del Público ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

La Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) también expresó su aval y señaló: “la presente es para respaldar la gestión de dicha Defensoría a una ley sancionada democráticamente y con una participación como ninguna otra ley por lo tanto seguiremos buscando justicia para que se cumpla con la ley”.

También se sumaron desde sectores universitarios: “Mediante la presente manifiesto el apoyo de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM), en mi carácter de presidente de esta Asociación que integra a carreras de 25 universidades del país, al pedido de reunión que hizo la Defensoría del Público al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), debido a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que afectan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que implican gravísimos retrocesos respeto a los estándares de derechos humanos consagrados en esa norma. Nos preocupa especialmente la anulación de un órgano de aplicación con representación plural -en reemplazo de uno directamente controlado por el poder ejecutivo-, incluido el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, donde tenían representación las universidades nacionales con carreras de comunicación, entre otros sectores. Asimismo, la eliminación de controles tendientes a la desmonopolización del espectro radioeléctrico -que habían sido declarados plenamente constitucionales por la Corte Suprema de la Nación-, la preeminencia de una mirada sobre la comunicación como “negocio” y no como derecho, la posibilidad de compraventa de licencias (no contemplada siquiera en el decreto-ley de la dictadura que regió al sector hasta 2009), son elementos de suma gravedad que hemos denunciado en numerosas oportunidades, sin tener respuesta en la escala nacional. Con particularidad gravedad vemos que todas estas decisiones se tomen al margen del Congreso de la Nación, siendo que la norma reemplazada fue aprobada con niveles de participación altísimos, desde la discusión de un anteproyecto de ley en foros a lo largo y a lo ancho del país hasta un amplio y ejemplar debate parlamentario que debería ser el piso para cualquier reforma legislativa. Acompañamos entonces la presentación de la Defensoría del Público, órgano independiente y representativo que ha sabido manifestar en distintas instancias las inquietudes de la sociedad civil”.

“Mediante la presente manifiesto el apoyo de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad al pedido de reunión que hizo la Defensoría del Público al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, debido a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que disponen la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. Como se señala en la nota presentada por la Defensoría, la situación generada por los DNU “amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.

“A través de la Presente y en representación del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) apoyamos el pedido de reunión que hizo la Defensoría del Público al Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), debido a los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, que disponen la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la remoción de su Directorio. Como se señala en la nota presentada por la Defensoría, la situación generada por los DNU “amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”. Para el MNCI la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual es un aporte inestimable al derecho a la comunicación, la diversidad y la ampliación de derechos, que debe ser sostenida en su integralidad. Además la disolución del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA) deja a los campesinos y a los indígenas sin ningún tipo de representación y sin espacio para proponer políticas públicas en el campo de la comunicación. Por todas estas razones, consideramos imprescindible que la Ley 26522 continúe implementándose como hasta la fecha, sin retrocesos en relación a los derechos adquiridos” aseguraron desde el MNCI.

“La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina apoya el reclamo de la Defensoría ante la CIDH en relación a los decretos presidenciales que afectan la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” remarca otra de las adhesiones.

Previamente, la Defensoría del Público envió un escrito donde solicita al presidente Mauricio Macri dejar sin efecto las medidas adoptadas en el Decreto 13/2015 y en el Decreto de necesidad y urgencia 236/2015 y ajuste los actos de gobierno a la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales a ella incorporados, las leyes vigentes y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El escrito fue recibido por el Gobierno Nacional y hasta el momento no obtuvo respuesta. Por el contrario, fue publicado en el Boletín Oficial un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, el 267/2015 que modifica aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.