Fueron 48 consultas, 14 actuaciones y 18 resultaron otras acciones. La Defensoría emitió una Resolución donde analiza con preocupación los últimos decretos adoptados por el Gobierno Nacional que afectan la vigencia de la LSCA.

Mes a mes, desde su creación, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa con “un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto”, según lo establece el artículo 19 en su inciso b) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En febrero se recibieron 80 presentaciones que se constituyeron en 48 consultas, 14 actuaciones y 18 en otras acciones.

Durante febrero, el organismo dictó una Resolución donde analiza con preocupación los últimos decretos adoptadas por el Gobierno Nacional que “afectan la plena vigencia de la LSCA, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. La Resolución N° 21/2016, firmada el 18 de febrero de 2016 por la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano,  fue emitida con motivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 13/2015 y 267/15 y el Decreto N° 236/2015 dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y en virtud de los cuales se intervino el AFSCA y se modificó la Ley 26.522. Al respecto, hubo repercusiones de diferentes personalidades del ámbito de la comunicación, la política y la educación que adhirieron a la Resolución.

Una mujer manifestó ser cliente de una cableoperadora cuyos responsables “vienen sacando canales de la señal analógica. Sumado a esto, cada vez que emiten un partido de fútbol de torneo de verano, la señal se ve en blanco. Cuando llamo y reclamo, dicen que es un problema de la señal de origen, no de ellos. Pero es muy sospechoso que mientras transmiten la previa se ve bien y al empezar el partido se ve mal. Es una clara maniobra para que los usuarios nos veamos obligados a contratar el digital”.

Referidas a la radio, una oyente presentó el siguiente reclamo en la Defensoría: “Desde esta mañana a la 07:00 hs. hasta 11:00 hs. no he podido escuchar los dos programas de Radio Nacional (AM 870) que habitualmente escuchaba, conducido el primero por Cynthia García, y el segundo por Roberto Caballero. Deseo seguir escuchándolos en la Radio Pública”.

Otro oyente de la Ciudad de Buenos Aires denunció que en su domicilio “no puedo captar las AM, tengo que estar buscando un determinado receptor para lograrlo”. Frente a lo cual autorizó una “visita al edificio” para comprobar el hecho.

En la misma línea, el organismo recibió esta presentación de un oyente: “Deseo que se reponga al aire el programa del periodista Víctor Hugo Morales, ya que su intespestiva interrupción vulnera mi derecho a escuchar opiniones diversas sobre la realidad nacional”.

Con respecto a la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) por parte del actual Gobierno nacional, un docente afirma que “como director del Nivel Secundario de Comunidad Educativa Creciendo Juntos DIPREGEP 7848, en la cual desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela, solicito ante ustedes la posibilidad de poder intervenir ante el atropello que se produjo en el día de hoy” en dicho organismo. Y agrega: “Para estudiantes, familias y docentes, la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días. Es por eso que el atropello sufrido al organismo que nos otorgó la identidad que hoy tenemos, REC 89,5, presenta una gran preocupación a toda nuestra Comunidad Educativa. Desde nuestra escuela defendemos la Ley reconocida por los tres Poderes del Estado, y que para nosotros representó la posibilidad que nuevas voces y que puedan expresar las realidades que muchas veces los medios hegemónicos no nos muestran”.

Oyentes y televidentes manifestaron su descontento vinculado al despido de periodistas ocurrido en las últimas semanas en varios medios audiovisuales. Una de las presentaciones se refiere al caso de Ari Lijalad, “a quien escuchaba en el programa de Cynthia García de lunes a viernes de 6 a 9 por Radio Nacional”. Según el reclamo, la cesantía viola “un contrato ratificado con el que contaba como trabajador. Espero que se lo reincorpore en el puesto que legal y legítimamente le corresponde, para poder seguir disfrutando de la información que brindaba, sus opiniones e interesantes investigaciones”.

Un televidente sostiene que en un programa donde los invitados cantan, emitido por un canal de aire, “realizan un juego que consiste en pasar electrodos a los participantes que deben resistir las descargas eléctricas y continuar cantando si desean ganar el juego”. Y agrega: “Considero que en ese ´juego´subyace una situación totalmente violenta desde cualquier punto de vista, pero sobre todo para nuestra historia. Es una agresión, no solamente para la persona que se expone voluntariamente a dicha situación, sino también para la memoria de todos los argentinos que tenemos que cargar en nuestra historia con 30 mil desaparecidos por métodos similares”.

Según la presentación de un oyente, un reconocido comentarista y conductor catalogó a la dirigente social Milagro Sala como “negra demagoga” y “gente de mierda”, a quienes “hay que meterlos en cana por las dudas”, agrega la denuncia. En la misma se sostiene que esas palabras constituyen “afirmaciones estigmatizantes, discriminatorias y que contienen una mirada violatoria de los Derechos Humanos”.

Una vecina de la ciudad de Bariloche denunció un hecho vinculado con la empresa que le provee la señal de cable. Sostiene que el pasado 7 de febrero el canal C5N fue reemplazado “por otra señal extranjera durante dos horas, entre las 21 y las 23 hs., exactamente durante todo el programa de Roberto Navarro. De más está decir que me sentí estafada por la empresa de cable, y privada de mi derecho a la información, ya que Economía Política es un programa semanal de alto rating y uno de los pocos en donde puedo informarme libremente de las decisiones que toma el actual Gobierno nacional”. La televidente también explica que “si bien este reclamo se refiere al día 7, en las semanas previas hubo cortes parciales durante la transmisión de este mismo programa, de lo que se desprende que no es un hecho aislado. Espero que la empresa dé explicaciones públicas (tanto por canales y periódicos locales como por la revista del cable que envía mensualmente a los usuarios del servicio) de las razones por las cuales nos priva de nuestro derecho”. También exige que el grupo empresario “arbitre los medios para que esto no vuelva a suceder”.

Una queja se relaciona son el servicio de Televisión Digital Abierta. “Pese al anuncio de incorporación de nuevas señales -sostiene una presentación-, no sólo no se han incorporado, sino que escuché que no va a ocurrir. Frente a interferencias o caídas de señal, no hay a quién dirigirse (en el 0800 sólo informan sobre decodificadores”. Por último, el televidente exige, como forma de no verse limitado su derecho a la información pública, que sean incorporada a la TDA la transmisión de las sesiones del Congreso Nacional”.

Integrantes de una cooperativa productora de frutas y hortalizas de estación de la localidad de Colonia el Simbolar, en el departamento Robles, explican haberse presentado “a un concurso público con Resolución Nro. 241 ante la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual” el pasado 2 de julio. Y agregan: “Somos conscientes que estamos en un momento sumamente difícil, y que el actual Gobierno está atacando la ley de comunicación audiovisual. Por eso necesitamos que nos ayuden a seguir y rastrear este expediente. No sabemos si la licencia para la radio comunitaria saldrá. Pero al menos haremos el seguimiento de este expediente con el apoyo de ustedes”.

Otro reclamo referido a licencias para el funcionamiento de medios fue recibido por esta Defensoría de la Asociación Civil Trabajo Educación y Cultura, que gestiona el canal de televisión comunitario Barricada TV. En un mensaje, los responsables de la emisora solicitan “el acompañamiento y la asesoría de la Defensoría del Público” para lograr tal habilitación, “a partir de haber resultado adjudicatario de una licencia en la TDA”.

Un apoyo similar fue pedido por el director del canal de televisión comunitario Urbana Te Vé, en el contexto de “la habilitación que el canal está obligado a cumplir a partir de haber resultado adjudicatario de una licencia en la TDA”.

Además, otra denuncia afirma: “Veo televisión por TDA y hace varios días que no puedo acceder a los canales Telesur, RT, CN23, 360 y algún otro, y creo que es censura”.

Ante una noticia sobre un posible femicidio, un televidente explicó que los conductores “se refirieron al mismo” diciendo que “se está investigando un posible crimen pasional”. Para el denunciante, “se deberían hacer recomendaciones para que corrijan el modo de enfocar y comunicar”.

“La Red por los Derechos de las personas con Discapacidad (REDI) -manifiesta el organismo- repudia los chistes discriminatorios hacia el colectivo de personas con discapacidad”, vertidos por una comediante en un canal de aire de la Ciudad de Buenos Aires.

Una televidente emitió fuertes quejas y reclamos referidos a un programa emitido por cable con “un contenido de lenguaje fuerte y escenas sexuales”. Para la denunciante, no existen controles ni cuidado del lenguaje a la hora de poner al aire tanto escenas como comentarios.

El mes, en números

La región Buenos Aires fue la que más presentaciones tuvo con un 77,5% del total. Luego se encontró la región Patagonia con el 7, 5%, seguido por Cuyo con el 6,3%. Después, con el 5%, surgió NEA. Con el 2,5% continuó NOA y cerró Cuyo con el 1,3%.

El 73,1% de las presentaciones fue de las mujeres, mientras que para los varones correspondió el 26,9%.

El 37,7% de las presentaciones, denuncias y reclamos fueron hechos por ciudadanos/as de entre 51 y 65 años. Con el 18,2% se ubicaron quienes tienen entre 19 y 30 años. Los y las denunciantes que tienen entre 41 y 50 años alcanzaron el 16,9%. Con el 15,6%, quienes tienen entre 31 y 40 años. En la franja de quienes tienen más de 65 años se trepó al 11,7%.