En 2017 creció el número de reclamos de las audiencias ante el organismo
Las representaciones de mujeres, de identidades de géneros LGBTTIQ, de niñas y niños, de personas con discapacidad, de pueblos originarios y campesinos y de colectivos migrantes se destacan entre las preocupaciones del público.
Desde su creación, la Defensoría del Público registra las presentaciones que recibe y canaliza a diario. Es una obligación que establece la Ley 26.522 en su artículo 19. En 2017, el organismo canalizó 2268 temáticas. De ese número se desprende que el 60,6% reclama el cumplimiento de distintas disposiciones de la normativa vigente. Es el segundo año con mayor cantidad de reclamos por representaciones mediáticas desde los inicios, superando además en un 16% los registros de 2016.
Estos datos reflejan un interés cada vez mayor de la ciudadanía por el respeto de la normativa vigente en las emisiones de televisión y radio en todo el país. En particular, por medios audiovisuales que respeten los derechos de las personas y grupos sociales, que contribuyan además en la erradicación de todas la violencias y la discriminaciones. La preocupación por estas cuestiones concentra el 73% de los casos recibidos.
Las representaciones de las mujeres, de las identidades de géneros LGBTTIQ, de niñas, niños y jóvenes, de las personas con discapacidad, de los pueblos originarios y campesinos, y de los colectivos migrantes se destacan entre las preocupaciones de las audiencias. En ese universo también se destacan las que tienen que ver con el acceso a los medios audiovisuales, sobresale la preocupación de las audiencias por el sostenimiento y calidad de las propuestas de la Televisión Digital Abierta (TDA). Del mismo modo, la Defensoría ha fortalecido, a raíz de las presentaciones de las comunidades y organizaciones, su rol en el impulso de la efectiva implementación de las políticas que garantizan la existencia y sostenimiento de sus proyectos de comunicación.
La cantidad de presentaciones recibidas confirma además a la Defensoría como una herramienta vital, referente en la defensa del derecho humano a la comunicación en el país, en articulación con los distintos actores del campo de la comunicación: medios, audiencias y Estado.
Por otra parte, el organismo recibió más de 800 pedidos de capacitación y participación en los espacios de formación que lleva adelante en sus diferentes líneas de acción.