La Defensoría le pidió una reunión a la OEA ante los decretos que afectaron la LSCA y su organismo de aplicación emitidos por el Gobierno Nacional. Además, se llevó a cabo el Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino Indígena.

Mes a mes, desde su creación, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual continúa con “un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentadas por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto”, según lo establece el artículo 19 en su inciso b) de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En diciembre se recibieron 273 presentaciones que se constituyeron en 95 consultas, 56 actuaciones y 122 en otras acciones.

La mayoría de los reclamos y consultas de las audiencias, durante este mes, surgió luego del “Encuentro Latinoamericano de Comunicación Campesino Indígena: Territorio en movimiento. Voces múltiples”, que comenzó el 1 de diciembre en la sede de la Defensoría. Los días 2 y 3, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la actividad continuó con diferentes actividades. Hasta que se dio el cierre y la “Declaración de Territorio en Movimiento Voces Múltiples”. En ese contexto, la Defensora del Público, la Lic. Cynthia Ottaviano, expresó: “Tienen mi compromiso como Defensora de que nos vamos a ver en los territorios, es probable. Pero además nos vamos a volver a ver en el Segundo Encuentro Latinoamericano Campesino Indígena”. Este fue el corolario de una larga serie de articulaciones que se hicieron durante 2015.

Desde la provincia de Salta, una vecina de la localidad de Hipólito Yrigoyen explicó que esa comunidad “inició en el 2014 (marzo) la tramitación de la licencia ante AFSCA para una radio” en el lugar. Y agregó: “Quisiéramos saber si estos trámites fueron recibidos por la institución”. En esa misma línea, la comunidad Chiguay de El Bolsón reclamó para que la Defensoría interceda ante la AFSCA para desarrollar los programas de equipamientos de FM La Radio 89.9, destinada a esa población. Además, integrantes de la emisora Peruti perteneciente a El Alcazar, en la provincia de Misiones, le solicitó al organismo averiguar en qué estado se encuentran sus gestiones de autorización para el funcionamiento de la emisora. Además, pidió “asesoramiento para conseguir el equipamiento” necesario. Similar a esta presentación: “El motivo de este reclamo -sostuvo un grupo de comunicadores de Tucumán- es para saber qué pasó con el pedido que realizamos por una licencia FM para la comunidad Indio Colalao, ubicada en San Pedro de Colalao”. En el mismo sentido consultaron los integrantes de la Asociación Radio Comunitaria La voz del Sur, de Neuquén, perteneciente a la comunidad FOLILCE KUPAN. Otro colectivo interesado en saber qué ocurrió con su pedido de licencia radial es la cooperativa de productos regionales Caburei, asentada en Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones. Y el mismo caso es el de la radio comunitaria La Voz Indígena 95.5, de Tartagal, Salta.

Los responsables de FM Activa 95.5 explicaron a la Defensoría: “Somos una comunidad campesina Mocafor, Movimiento Campesino Formoseño, de Pirané, en la provincia de Formosa. Estamos trasmitiendo desde hace cinco años, fuimos censados y queremos la adjudicación directa como radio de baja potencia, pero no tenemos constancia del censo, lo que nos impide tramitar el financiamiento (FOMECA)”. Y solicitaron a este organismo “conseguir una constancia” que acredite haber sido relevados”.

Desde Quimili, en Santiago del Estero, explicaron que “FM del Monte funciona desde 2003 en el dial 88.7. Iniciamos ante la AFSCA solicitud de autorización y se nos otorgó una frecuencia 89.3, sin explicar por qué asignaron la frecuencia 88.7 con la que hace más o menos diez años salimos al aire”.

“En el expediente AFSCA -relataron los responsables de la radio “F”, en la localidad jujeña de Maimaca-, no figura la rendición de cuentas de la compra de equipos realizados, y no podemos poner en funcionamiento la radio. Esperamos que nos ayuden o saber dónde están las rendiciones de compras”.

Otra emisora interesada en saber lo ocurrido con su solicitud de licencia es FM El Nevado 89.1 de San Rafael, Mendoza.

La comunidad WILLI ANTU de Toay, en La Pampa, relató tener “el trámite AFSCA aprobado”, pero “la CNC no otorgó la frecuencia por ‘zona de conflicto’, a pesar de haber entregado frecuencias a otras radios con pedidos posteriores al nuestro”.

Un miembro de la comunidad Wichi Misión Nueva Pompeya, de Chaco, mostró interés en contar con una radio, pero “no tenemos personería jurídica, lo que me dificulta el trámite. Espero que me ayuden a tener personería jurídica, o me den asesoría”.

En igual sentido reclamó la comunidad Jallchasga Unay Ukhuchinpi de Termas de Reyes, en la provincia de Jujuy.

Radio FM Sur Manta 89.9, de Ojo del Agua, en Santiago del Estero, reclamó por “interferencias frecuentes de una nueva emisora en la localidad de Ojo de Agua, que impiden a nuestra radio salir al aire de manera normal”.

Un denunciante que se presentó como coordinador de la Asociación Civil Tierra Fértil, ubicada en Palma Solo, provincia de Jujuy, explicó que “hace dos años iniciamos un trámite para la licencia de la radio, sin obtener respuesta alguna”. Y solicitó a la Defensoría su intervención para agilizarlo. Igual reclamo llevó a cabo la emisora ubicada en el 103.3 del dial, de la localidad cordobesa de Deán Funes.

En otra denuncia se manifestó que “la Radio Las Huayteteas FM 88.7 de Los Repollos, Río Negro, tiene autorización de la AFSCA desde el año 2012. Aun no sale al aire pero está próximo a hacerlo. En julio del 2015 la AFSCA otorgó la misma frecuencia a la radio FM Continua del IFDE de El Bolsón. Dicha radio se escucha en la comunidad, por lo que, de mantenerse la misma frecuencia, habrá interferencia. Espero de este reclamo que la AFSCA otorgue nueva frecuencia, y que la Defensoría nos acompañe en ese reclamo”.

Otras dos emisoras que necesitan averiguar el estado de sus trámites para el funcionamiento son Radio Horizonte 102.7, perteneciente a la Asociación Civil Campesinos Pobaucán de Medanitos, en Catamarca, y FM Radio Campesina de Ención, en San Juan.

En el caso de Radio 104.7 de La Arriera, en la provincia de Neuquén, sus responsables pidieron a la Defensoría asesoramiento vinculado al artículo 49 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El equipo de trabajo de FM Cacique, en Sargento Periel, Formosa requirió a la Defensoría su intervención ante la AFSCA, para conocer detalles acerca de su pedido de equipamiento técnico.

También la Cooperativa de Trabajo Warisata, que administra la FM del mismo nombre, pidió asesoramiento a la Defensoría para realizar su tarea.

La organización Lgataxar Namgompi, de la comunidad QOM, denunció ante la Defensoría interferencias a la frecuencia que utiliza para su emisora, la 90.7.

La comunidad aborigen “Los chorrillos”, del Pueblo Ockoya, administra la FM WIPHALA 89.9, desde la localidad de Baricena, en Jujuy. En una presentación, solicitó al organismo intervención y asesoramiento de abogados para responder a intimaciones legales de una asociación de intérpretes y una cámara de productores.

FM El Retamo Huanacaque, de la comunidad Huarfpe de Mendoza, pidió colaboración para averiguar acerca de su licencia de funcionamiento. Mientras que la comunidad aborigen de Huasadurazno, en Jujuy, reclamó información sobre su pedido de financiamiento otorgado ante la AFSCA.

Un reclamo conjunto sostiene lo siguiente: “Las radios, medios, televisora y productora de contenidos visuales indígenas abajo firmantes reunidas en la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, en el marco del Encuentro Latinoamericano de comunicación “Territorio en movimiento. Voces múltiples”, organizado por la Defensoría del Público, se dirige a Ud. para elevarle el reclamo: que se otorgue el presupuesto nacional que establece la ley y que además se garantice la aplicación del art 152, inc. F en el que se establece que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) asigne efectivamente los recursos específicos para el funcionamiento de los medios indígenas”.

Los responsables de FM Ñandereko advirtieron que “nos está faltando la certificación de la firma bancaria que fue presentada ante la AFSCA Jujuy en dos oportunidades”. Y solicitaron informes acerca de la línea de financiamiento tramitada en su oportunidad”.

Por otra parte, una denunciante de Ramos Mejía, en el conurbano bonaerense, explicó que en un programa radial en AM se emitió un comentario con “fuerte contenido de violencia de género, proxenetismo y explotación sexual de la mujer”. Y otra de Wilde, también en Buenos Aires, reclamó porque un conocido grupo cable operador “me cobra más que la tarifa autorizada por el servicio simple”, y “dejó de enviar la programación impresa mensual que venía con la factura”.

Una oyente de Mendoza reclamó por interferencias a la FM 99.3 de la capital provincial, de parte de una emisora ubicada en el barrio San Martín, de la misma ciudad.

Sobre accesibilidad, una persona sorda advirtió que en la TV Pública, la intérprete en lengua de señas confundió el término “defensa nacional” con la palabra “guerra”, durante la transmisión de una cena de las Fuerzas Armadas. La denunciante pidió “una solución inmediata para que las interpretaciones en LSA de todas las programaciones de TV abierta sean de calidad, ya que está en nuestros derechos recibir información adecuada, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Desde Tunuyán, en la provincia de Mendoza, un televidente se quejó por la actitud de una empresa privada, al colocar antenas que no permiten “ver los canales locales, con el propósito de perjudicar a esos canales y a los que no podemos pagar cable. La realidad es que vemos cuatro canales pero tienen tal interferencia que no se ven, se ven mal, en blanco y negro, y no se escucha, o se escucha con ruidos”. Un reclamo similar presentó a la Defensoría un denunciante de Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires.

Para una denunciante de Paraná, Entre Ríos, el tratamiento informativo dado al caso de un animador de TV violó aspectos de la Ley Nacional de Salud Mental.

En diciembre, también, la Defensoría del Público recibió decenas de reclamos individuales y colectivos exigiendo la plena vigencia de la LSCA, vulnerada por el decreto 236/15 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en el que dispuso la intervención de la AFSCA. Luego, por medio de un escrito dirigido al Presidente, se le solicitó dejar sin efecto las medidas adoptadas en los decretos que declararon la intervención de la AFSCA y la remoción de su Directorio como así también respetar el articulado completo de la LSCA y que se abstuviese de modificarla por decreto. Por último, el organismo le pidió una reunión en carácter urgente a la OEA: solicitó la intervención de la CIDH ante los decretos que afectaron la LSCA y su organismo de aplicación, emitidos por el Gobierno Nacional.

“Como director del Nivel Secundario de la Comunidad Educativa Creciendo Juntos -sostuvo un denunciante-, en la cual desde hace dos años funciona la Radio Escolar Comunitaria en nuestra escuela, solicito ante ustedes la posibilidad de poder intervenir ante el atropello que se produjo en el día de hoy ante la AFSCA”, en referencia a la acción del Poder Ejecutivo Nacional de reemplazar a sus autoridades. “Para estudiantes, familias y docentes -agregó el directivo, de la localidad bonaerense de Moreno-, la posibilidad de visibilización que nos otorgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual posibilitó hacer posible el Derecho a la Comunicación de todos los que hacemos la Escuela todos los días. Es por eso que el atropello sufrido al organismo que nos otorgó la identidad que hoy tenemos presenta una gran preocupación a toda nuestra Comunidad Educativa”.

En igual sentido, una mujer de la Ciudad de Buenos Aires solicitó tomar “medidas urgentes ante la vulneración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante el decreto de creación del Ministerio de Comunicaciones. Asimismo, es preciso la toma de medidas urgentes respecto a lo que está aconteciendo en la AFTIC y AFSCA, que están siendo atacadas y hostigadas”.

Desde Junín de los Andes, en Neuquén, un oyente expresó su “profundo repudio a la irracional intervención de la AFSCA por parte del nuevo Gobierno nacional. Actualmente soy el presidente de una ONG si fines de lucro que ha obtenido un gran apoyo a través de la obtención de un fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual para producciones radiofónicas en formato campaña comunitaria. Preocupa saber que este tipo de ayuda pueda desparecer o reducirse, ya que para nosotros, como para muchas otras asociaciones civiles y comunidades originarias, es de vital importancia para llevar a cabo diferentes tareas educativas y comunicacionales, en nuestro caso vinculadas a la producción de spots radiales sobre valoración de fauna nativa neuquina en peligro de extinción”.

“El avance del Gobierno nacional sobre la LSCA representa una flagrante violación de los derechos que han sido consagrados en la Ley sancionada bajo un mecanismo democrático de participación”, afirmó un televidente, en su presentación elevada a esta Defensoría.

También desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otro oyente exigió tomar medidas urgentes “ante lo que entiendo implica una vulneración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante el decreto de creación del Ministerio de Comunicaciones, el cual es abiertamente inconstitucional, dado que desconoce una ley debidamente votada por el Congreso Nacional y refrendada por el Poder Ejecutivo”.

El mes, en números

La región Buenos Aires fue la que más presentaciones tuvo con un 47,3% del total. Luego se encontró la región Centro con el 14, 3%, seguido por NOA con el 13,6%. Después, con el 10,6%, apareció NEA. Con el 7,7% continuó Cuyo y cerró Patagonia con el 6,6%.

El 54% de las presentaciones fue de las mujeres, mientras que para los varones correspondió el 46%.

El 34,3% de las presentaciones, denuncias y reclamos fueron hechos por ciudadanos/as de entre 31 y 40 años. Con el 22,2% se ubicaron quienes tienen entre 41 y 50 años. Los y las denunciantes que tienen entre 19 y 30 años alcanzaron el 21,4%. Con el 15,3%, quienes tienen entre 51 y 65 años. En la franja de quienes tienen más de 65 años trepó al 5,6%. Quienes tienen entre 6 y 12 años: 0,8% Por último, los y las que tienen entre 13 y 18 años: 0,4%