La Defensoría del Público solicitó medidas urgentes a ENACOM y puso en conocimiento a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH del ataque a la libertad de expresión en Radio América
El organismo reiteró la solicitud realizada un mes atrás al Ente Nacional de Comunicaciones para que garantice la continuidad del servicio audiovisual. También informó a la Relatoría de la CIDH y expresó su repudio ante el grave ataque.
La Defensoría del Público expresa su repudio ante el grave ataque a la libertad de expresión sufrido por los y las trabajadoras de Radio América y Tiempo Argentino, quienes recibieron agresiones en el lugar donde desempeñan sus tareas. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Justicia, una patota de al menos 20 personas ingresó por la fuerza en las instalaciones de Radio América (donde también funciona el diario Tiempo Argentino), y provocó lesiones a los y las trabajadoras ante la inacción policial. Además, hubo destrozos en el inmueble.
El organismo informó de la situación en relación a Radio América a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reiteró la solicitud al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que adopte medidas que garanticen la continuidad del servicio de comunicación audiovisual y la seguridad de las personas que trabajan en el lugar. En una nota firmada por la Defensora del Público, Lic. Cynthia Ottaviano, dirigida a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, la Defensoría advirtió sobre los hechos sucedidos.
Por otra parte, el organismo reiteró el pedido realizado hace un mes al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que informe sobre las medidas tomadas en pos de una solución del conflicto en Radio América o “adopte medidas urgentes y efectivas que garanticen la continuidad del servicio de comunicación y la seguridad de los y las trabajadoras”.
La Defensoría considera que se trata de un ataque gravísimo a la libertad de expresión y recalca la irresponsabilidad de los licenciatarios y el rol clave que tiene el Estado como garante del derecho humano a la comunicación y del ejercicio del pleno derecho a la libertad de expresión, establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).