En las dos ciudades se realizaron foros previos a la Audiencia Pública para elaborar un balance colectivo y compartir propuestas para profundizar los derechos de las audiencias.

Los objetivos centrales de la propuesta fueron compartir información e intercambiar perspectivas acerca de la situación actual de la regulación de la comunicación audiovisual en nuestro país y recibir aportes de la ciudadanía. Las actividades fueron convocadas conjuntamente por la Defensoría del Público, la Coalición por una Comunicación Democrática y Radio Nacional Zapala. En Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue fue anfitriona y participó activamente. Además, Radio Nacional Zapala transmitió la charla en sus frecuencias de AM y FM, igual que Radio Cooperativa, la radio socioeducativa El Zorzal, la Radio Municipal FM Bitácora, FM Los Catutos y FM Pocahullo.

Primero en Zapala y después en la ciudad de Neuquén, hubo momentos de exposición pero sobre todo de intercambio. En representación de la Defensoría del Público, Paula Castello, desde la Dirección de Capacitación y Promoción, presentó al organismo y abrió la invitación a participar de la Audiencia Pública que el 20 de mayo reunirá a representantes de todas las provincias de la Patagonia en la ciudad de Neuquén. “La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual le otorga a la Defensoría del Público la tarea de convocar a Audiencias Públicas en todo el país. Es una obligación y una enorme oportunidad de dar continuidad a los procesos de participación ciudadana en instancias formales convocadas por un organismo público”, explicó.

Para contextualizar la propuesta, Leonel Bazán, desde la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo, dio cuenta de las modificaciones que los Decretos de Necesidad y Urgencia sancionados en diciembre de 2015 imprimen en el articulado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Detalló cómo impactan en el diseño institucional, en la concentración en la propiedad de los medios, en la homogeneización de las programaciones y en los derechos de las audiencias.

En nombre de la Coalición por una Comunicación Democrática, Gonzalo Carbajal repasó los años de demanda de una norma que reemplazara al Decreto-Ley de Radiodifusión impuesto durante la dictadura cívico-militar, la redacción de los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación” que la Coalición presentó en 2004, los debates que se realizaron en todo el país tras la presentación del anteproyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, la judicialización de la Ley, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Enfatizó sobre las estrategias que se pusieron en juego para “la construcción de una masa crítica que comprendiera la importancia de la comunicación para construir una sociedad verdaderamente democrática”.

Los comentarios, las preguntas y aportes de quienes estuvieron presentes enriquecieron las charlas.

La intendenta de Zapala, Soledad Martínez, propuso focalizar en “lo que podemos hacer para que aquello que depende de nosotros pueda cobrar fuerza para incidir en la construcción de ese paradigma de la comunicación democrática”. En el intercambio se esbozaron posibles respuestas: muchos apuntaron a fortalecer la articulación de las organizaciones del campo popular, algunos plantearon la judicialización como alternativa, otros se refirieron a la capacidad de incidencia en los espacios de toma de decisiones.

Estuvieron presentes y sumaron sus perspectivas concejales de distintos municipios y fuerzas políticas; representantes de pueblos originarios y comunidades campesinas; periodistas; integrantes de emisoras comerciales, públicas, comunitarias, indígenas y socioeducativas; miembros de organizaciones vecinales; estudiantes y docentes terciarios y universitarios.
En relación a la regulación del espectro y las licencias de radio y televisión algunos participantes manifestaron su preocupación por la concentración empresarial, otros fundamentaron la necesidad de regularizar la situación de emisoras de baja potencia y de que el Estado acompañe a través de políticas públicas inclusivas. Hubo, también, quienes focalizaron en el modo en que estos aspectos impactan en la imposibilidad de difundir temas de interés para sectores específicos cuando la oferta mediática se reduce.

Hubo consultas sobre la convergencia y el triple play, sobre la transferencia de licencias de medios y la compra de empresas de telecomunicaciones y comunicación audiovisual. Las preguntas apuntaban a aclarar los efectos sobre los derechos de las audiencias y los consumidores cuando se refuerza la concentración horizontal, vertical y cruzada.

“Es importante -agregó Leonel Bazán- tener presente el principio de no regresividad en materia de derechos humanos” que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recuerda en su informe publicado tras la presentación de referentes de organismos, universidades, medios cooperativos y comunitarios, y de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en la audiencia sobre libertad de expresión en Argentina que se realizó en Washington el 8 de abril pasado.

En nombre de la Coalición, Carbajal convocó a fortalecer la articulación entre las organizaciones, universidades, sindicatos, medios de comunicación y todos aquellos que en cada rincón del país defienden el derecho a la comunicación, las convocó a acompañar el trabajo de la Defensoría del Público y desde la Coalición celebró la posibilidad de organizar estos encuentros conjuntamente.

Los foros continuarán esta semana en Viedma -también convocado junto a la Coalición por una Comunicación Democrática-, en Ushuaia y Río Grande -organizados junto a la Licenciatura de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego- para multiplicar los espacios que garanticen la participación ciudadana en los debates sobre la regulación de los medios de comunicación en nuestro país.