En San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero se llevaron a cabo dos foros donde se convocó a la ciudadanía a participar con ideas, opiniones y propuestas vinculadas al derecho a la comunicación y los derechos de las audiencias en el contexto de cambios en la regulación de los medios audiovisuales. Las actividades fueron convocadas conjuntamente por la Defensoría del Público y la Coalición por una Comunicación Democrática. En Tucumán se sumó a la convocatoria el Departamento de Ciencias de la Comunicación y la Dirección de Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.

Estuvieron presentes y participaron del intercambio representantes de comunidades campesinas que gestionan medios de comunicación, cooperativas y productores independientes del sector audiovisual, estudiantes, docentes y medios universitarios, agrupaciones de músicos independientes; miembros de organizaciones sociales y juveniles, entre otros.

En representación de la Defensoría del Público, Paula Castello y Paula Iuliano, desde la Dirección de Capacitación y Promoción, y Esteban Lopardo, de la Dirección de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, presentaron al organismo, explicaron los cambios regulatorios generados por los Decretos de Necesidad y Urgencia sancionados en diciembre de 2015 e invitaron a participar de la Audiencia Pública que el 11 de julio reunirá a representantes de nueve provincias del norte de nuestro país en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Por su parte, Néstor Piccone, en representación de la Coalición por una Comunicación Democrática, repasó el recorrido que iniciaron distintos sectores de la sociedad civil desde la recuperación de la democracia para conseguir la sanción de la norma que reemplaza al Decreto-Ley de Radiodifusión impuesto durante la dictadura cívico-militar. En el contexto actual, presentó los Nuevos 21 Puntos como propuesta ciudadana en relación a la regulación de las comunicaciones convergentes.

Ernesto Picco en Santiago del Estero y Pedro Gómez en Tucumán fueron anfitriones de los foros y representaron a las Universidades nacionales de cada provincia y a otros espacios participantes. Fortalecer la articulación en defensa del derecho a la comunicación es también objetivo de los espacios que promueven la convocatoria a estos encuentros en cada lugar del país.

Las intervenciones de los y las participantes se asentaron y presentaron aportes desde la concepción de la comunicación como derecho humano. El eje principal de los balances se centró el fortalecimiento de la producción audiovisual a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, especialmente a través de la creación de canales y emisoras universitarias y el fomento a las productoras independientes. Se enfatizó que además de los aportes en términos de diversidad, federalismo y pluralismo, la producción local generó oportunidades laborales y de realización profesional de estudiantes universitarios.

“Antes era imposible pensar en hacer un largometraje desde Santiago del Estero, proyectar hacer nuestras producciones con nuestras historias lejos del Obelisco”, comentaron integrantes de la productora Santiago del Video.

También se destacó el reconocimiento legal de los medios sin fines de lucro y se demandó la continuidad de políticas públicas inclusivas dirigidas a medios comunitarios, universitarios, campesinos y de pueblos originarios, tal como establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Estas perspectivas, propuestas e intercambios sobre la actualidad y el futuro de la regulación de los medios de comunicación en nuestro país están presentes en cada foro y en las tres Audiencias Públicas que la Defensoría del Público realiza este año en las distintas regiones del país.