La productora firmó junto a la Defensoría del Público y UNICEF Argentina un compromiso público para garantizar y proteger los derechos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consagra para la niñez y la adolescencia.
La productora firmó junto a la Defensoría del Público y UNICEF Argentina un compromiso público para garantizar y proteger los derechos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual consagra para la niñez y la adolescencia.
La Defensoría del Público alerta sobre la reiterada utilización de mecanismos municipales o locales administrativos que atentan contra el derecho humano a la comunicación y vulneran la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi la aceptó como Amici Curiae por considerar que “resulta un aporte valorable para este tribunal”. Por su parte, la Defensoría destacó que “la comunicación comunitaria y popular no es un delito".
La Defensoría comenzó a recibir pedidos de las audiencias en febrero de 2013 porque no podían acceder al servicio de la TDA. El organismo canalizó los reclamos y, en diálogo con ARSAT, recomendó la pronta solución a las problemáticas enunciadas.
“Crear medios de comunicación para la libertad” fue el eje central del encuentro organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. "La comunicación popular no es un delito, es un derecho humano", declaró la Defensora, Lic. Cynthia Ottaviano.
El especialista en comunicación y libertad expresión internacional y ex relator de la ONU mantuvo una reunión con quienes integran el organismo. Resaltó la tarea pedagógica que lleva a cabo y bregó por la lucha contra de la concentración mediática.