Luego de que el Gobierno Nacional implementara nuevas medidas para contener la segunda ola de coronavirus, la Defensoría tomó la decisión de posponer la Audiencia para Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca. Las personas que ya están inscriptas serán notificadas por el organismo.

Ante las nuevas disposiciones que tomó el Gobierno Nacional para dar prioridad a la salud de la población, en relación a la pandemia por Covid-19, la Defensoría del Público decidió posponer la Audiencia Pública que estaba prevista para el 29 de este mes para la Región NOA (Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Catamarca) y, en la medida que cambie la actual situación, definirá próximamente una nueva fecha.

Aunque la segunda Audiencia se iba a realizar también en forma virtual, la mesa de conducción, las trabajadoras y los trabajadores del organismo abocados a la organización técnica del encuentro, se iban a instalar en la sede de la Cámara de Diputados de la Nación. Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, y teniendo en cuenta que todas las actividades oficiales en el Congreso y el resto de los organismos públicos pasan a ser enteramente virtuales, la Defensoría resolvió postergar la actividad hasta después del 30 de abril, siempre y cuando estén dadas las condiciones sanitarias en relación a la pandemia de coronavirus.

Las personas que ya están inscriptas serán notificadas por el organismo respecto a la nueva fecha en la que se concretará la segunda Audiencia. Apenas el marco sea el acorde, se continuará con el cronograma previsto para el año de manera que puedan expresarse las audiencias de todo el territorio nacional.

Desde su creación, la Defensoría del Público llevó adelante 26 Audiencias Públicas en distintos puntos del país. La primera de la gestión de Miriam Lewin se desdobló entre el 11 y el 12 de marzo y contó con la participación de 77 personas que expusieron desde Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, en representación de la región Centro.

La Defensoría cuenta entre sus funciones la de “recibir y canalizar” las denuncias y reclamos de las audiencias y “convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a efectos de evaluar el adecuando funcionamiento de los medios de radiodifusión” (Ley 26.522).